Día Mundial de los DDHH: Venezuela no ve un panorama favorable para 2024
Crisbel Varela | Foto: Referencial
El 2023 no fue un panorama fácil para los derechos humanos en Venezuela: El año comenzó «con un significativo aumento de ataques, persecución y criminalización contra organizaciones de Derechos Humanos, defensores, trabajadores, periodistas y la sociedad civil: Detenciones, procesos penales, denuncias de hambre y leyes para ilegalizar”, según resalta la ONG Provea.
A días para terminar el año, el contexto no es distinto, el pasado 6 de diciembre fue detenido el presidente de Súmate, Roberto Abdul-Haidi y el Ministerio Público emitió más de 10 órdenes de captura en contra de distintos opositores, los servicios públicos y de salud siguen deteriorados, y muchas familias seguirán separadas por motivaciones políticas.
Este 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos y desde distintas ONG prevén para Venezuela un 2024 donde continúe un espacio cívico «cerrado» y de represión.
Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea, dijo que se espera un nuevo año donde persista la represión selectiva.
«Entramos en un periodo electoral (rumbo a las presidenciales) donde la experiencia de los últimos años indica que el gobierno intensifica la represión selectiva contra aquellos opositores que le resultan incómodos y le pueden hacer competencia en materia electoral. Y busca también debilitar a partidos políticos que puedan estar respaldando una opción que al gobierno le resulte incómoda. Entonces, las perspectivas parecieran ser de incremento de la represión selectiva» señaló el abogado.
Alvarado agregó al panorama venezolano la tensión entre Guyana y la administración de Nicolás Maduro, lo que en materia de derechos humanos para el año que viene tampoco es favorable, porque la participación política podría verse vulnerada.
«El gobierno podría usar el conflicto de Guyana para suspender o limitar las concentraciones por motivos políticos. Y entonces el derecho a participar de la gente en acciones políticas para apoyar a un candidato pudiera verse limitado, lo que le daría una gran ventaja al gobierno porque podrían suspender las concentraciones y reuniones públicas, usar sus medios públicos para hacerle propaganda a sus candidatos, impedir que el candidato de la oposición pudiera incluso realizar concentraciones, mítines políticos, etcétera. Esto evidentemente atenta contra el derecho a elegir y a ser elegido. Entonces es un panorama difícil porque el gobierno puede escudarse en las tensiones con Guyana y limitar cualquier campaña. En lo personal no creo que suspendan el proceso electoral, pero sí le pondría muchísimas trabas a las opciones que haya por parte de la oposición para realizar su campaña política», advirtió Alvarado.
El abogado y activista de Amnistía Internacional, Carlos Lusverti, alertó y ve preocupante que hay una tendencia sostenida de algunas violaciones a derechos humanos que no parecen detenerse y otras que agravan o cambian de forma, citando a la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela.
“Ya no hay detenciones masivas sino detenciones selectivas que se suscitan de forma arbitraria, sin garantías al debido proceso, acompañadas en muchos casos de incomunicación contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes estudiantiles, sindicales o políticos que generan impactos negativos no solo en la propia persona afectada sino en todo el grupo que representa”.
Ver esta publicación en Instagram
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, dijo que este año preelectoral han visto un aumento de la represión y un cierre del espacio cívico. Siendo este el contexto, considera que para 2024 el escenario no cambiará, por el contrario prevén un retroceso.
“La situación de Venezuela no va a cambiar mientras no se mejore la institucionalidad, no haya una apertura hacia la democracia, el Estado de Derecho, porque al final nuestra crisis humanitaria se debe a una ruptura institucional, por eso se le llama emergencia humanitaria compleja, porque se refiere a ese tipo de crisis que es cuando no hay instituciones y las personas no pueden hacer valer sus derechos. Entonces no tienen a dónde acudir o si acuden no hay respuesta o al final una respuesta negativa, tardía, que es lo que pasa”, comentó Louza.
View this post on Instagram
La directora destacó que una de las consecuencias de que el venezolano no tenga bienestar y se violen constantemente sus derechos humanos es la migración.
“Lo que nosotros como Acceso a la Justicia hemos estudiado y seguimos estudiando todo el tiempo al ver los tiempos de las sentencias, los juicios, los procesos, es que al final eso hace que la gente al no conseguir cómo resolver sus problemas, su vida, al no tener una situación de bienestar ni de futuro claro, todo eso que afecta nuestros derechos, no sólo los políticos y civiles sino también los sociales, culturales, económicos, ambientales evidentemente, porque al final si usted no tiene la posibilidad, si el país no tiene una economía sana, no tiene una institucionalidad clara, no tiene unas reglas claras para que el individuo pueda avanzar, al final del día no le da oportunidades, la gente busca otros horizontes”, mencionó.
Las ejecuciones extrajudiciales podrían incrementar
El abogado de Provea alertó que en época preelectoral el tema de la seguridad ciudadana se toma como un elemento de campaña con el incremento de operativos con alta letalidad policial, lo que en consecuencia podría desencadenar un aumento de las ejecuciones extrajudiciales, que según Alvarado han disminuído pero sigue siendo un número considerable.
«Lamentablemente siguen las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres en las zonas populares. El sustituto de la FAES, el DAE, de la Policía Nacional Bolivariana, y el CDO también de la PNB siguen con sus prácticas de detener y asesinar a jóvenes en las zonas populares. Todo parece indicar que pudieran incrementarse las ejecuciones porque además en época preelectoral el tema de seguridad ciudadana siempre es asumido en la campaña electoral, lo asumió (Hugo) Chávez en su momento, (Nicolás) Maduro también en su momento, como un elemento de campaña con el incremento de operativos con alta letalidad policial», agregó Alvarado.
Lupa por la Vida registra 355 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante primer semestre de 2023.https://t.co/74x4g3uF1Z
— LupaPorLaVida (@LupaPorLaVida) December 1, 2023
El 60,49 % de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas por el informe I semestre 2023, responde a personas de entre 18 y 30 años, y el 90,06 % son personas de género masculino. A pesar de que el 63,66 % fueron identificadas, el 36,34 %, permanece anónimo.
— LupaPorLaVida (@LupaPorLaVida) December 6, 2023
Avances y optimismo
A pesar del panorama que prevén para 2024, Alvarado ve positiva la posibilidad de que siga avanzando el proceso de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Pudiese plantearse una situación en la cual las investigaciones de la fiscalía consideren que han establecido un caso y unos presuntos responsables, y por lo tanto se pudieran dictar órdenes de comparecencia o órdenes de captura en el caso de las investigaciones que adelanta la fiscalía de la CPI. Esto no sería pronto, pero pudiera ser a finales del 2024”.
Otro escenario que ve positivo el abogado de Provea es que se pueda renovar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos.
Desde Acceso a la Justicia señalaron que podría venir una mejora, siempre que exista un cambio.
“Puede haber alguna mejora coyuntural, como pasó en 2021, con cierta apertura, con cierta reforma en materia, justamente, de justicia, pero si no se aplican después esas reformas, si hay retroceso, si el discurso cambia o la realidad cambia, no va a haber esa mejora, y es lo que hemos vivido, o sea, lo vemos muy claro en el caso venezolano”.
Lusverti indicó que desde la organización esperan que los procesos de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el país avancen dentro y fuera de Venezuela, asegurando justicia, verdad y reparación para las víctimas. “Esto incluye por ejemplo el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela y la investigación de la Corte Penal Internacional o la libertad para todas las personas detenidas de forma arbitraria”.
Los autores de graves violaciones de #DDHH en Venezuela deben ser llevados ante la justicia y ser sancionados adecuadamente, para que las víctimas reciban una reparación integral #ComitéDDHH #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) November 6, 2023
Mejoras en la institucionalidad
La organización Acceso a la Justicia instan a quienes se mantienen en el poder a la mejora de la institucionalidad para que existan cambios reales.
“El llamado es que el Estado debe, o el gobierno en realidad, o los grupos de personas que están en el poder ya hace bastante tiempo, pues que entiendan que no va a haber mejoras económicas, ni desarrollo social ni prosperidad, si no hay mejoras en la institucionalidad”, indicó Louza, quien agregó que los ciudadanos necesitan seguridad jurídica, claridad de reglas, posibilidades y oportunidades.
Amnistía Internacional pide al Estado que cumpla con las diversas recomendaciones que han hecho los distintos mecanismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permita a este mecanismo visitar el país así como a otros mecanismos como la CIDH y relatores independientes de Naciones Unidas, y de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias
