Día Mundial de la Justicia Internacional con Venezuela bajo la lupa

La apelación de Venezuela

El año pasado, el gobierno de Maduro apeló un fallo a favor de reanudar la investigación, bajo el argumento de que debía respetarse el principio de complementariedad, según el cual un tribunal internacional complementa a la justicia nacional y sólo puede intervenir si un país no está investigando ya los mismos crímenes, explicó la agencia Reuters.

Sin embargo, los jueces de apelación rechazaron por unanimidad todos los alegatos de la apelación y dieron luz verde a la Fiscalía de la CPI para reanudar las pesquisas sobre los abusos.

En reacción al fallo, el gobierno venezolano dijo en un comunicado que estaba en «desacuerdo» con la decisión, que «responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido».

«Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos», añade la nota.

El gobierno de Maduro acusa a la oposición de manipular algunos casos de supuestas violaciones de derechos humanos. Asegura que ya está investigando las denuncias y sostiene que no se han producido crímenes de lesa humanidad a gran escala.

En 2020, Khan dijo que había “bases razonables” para creer que funcionarios gubernamentales y militares habían perpetrado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas a disidentes durante las protestas de 2017, en las que fallecieron 125 personas.

La decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI fue aplaudida por organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela, en medio de las protestas para exigir la liberación de la activista Rocío San Miguel, quien fue detenida el pasado 9 de febrero sin que las autoridades dieran noticias sobre su paradero durante varios días ni le permitieran acceso a sus familiares ni abogados.

San Miguel fue acusada de participar en una supuesta conspiración para asesinar a Maduro y permanece detenida en El Helicoide, que ha sido denunciado por la disidencia como «el mayor centro de torturas de Venezuela».

La detención de San Miguel fue calificada como una desaparición forzada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una afirmación que desató la furia de Maduro, quien ordenó la expulsión de todo el personal de esta instancia en Venezuela.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, ha investigado y documentado casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.

La agresión territorial

Este miércoles marca el sexto aniversario de la activación de la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión, sensible para los países miembros, pero también de gran actualidad tras la invasión rusa de Ucrania.

Aunque este crimen estaba incluido en el Estatuto en 1998, se pospuso el ejercicio de jurisdicción sobre el mismo hasta 2018, cuando se acordó la definición y las condiciones. La CPI no puede juzgar este crimen si uno de los países involucrados no es miembro: Rusia no lo es y por tanto la CPI no puede, en las circunstancias actuales, juzgar a Moscú por la invasión misma, aunque sí por los crímenes que se comentan durante la guerra.

“La reciente escalada y la futura amenaza de actos de agresión en el ámbito internacional han destacado dramáticamente la necesidad de alinear la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión. Todos los Estados Parte tienen un fuerte interés en garantizar que su soberanía, integridad territorial e independencia política no sean violadas por actos de agresión”, advirtió este miércoles el Instituto Global para la Prevención de la Agresión (GIPA).

La GIPA es un grupo de expertos supervisados por figuras eminentes en el campo de la Justicia internacional, como la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda y la expresidenta del tribunal, Silvia Fernández de Gurmendi, así como Richard Goldstone, exfiscal de los tribunales penales internacionales para Ruanda (TPIR) y la Antigua Yugoslavia (TPIY).

“Como lo demuestran los actos recientes y en curso de agresión, este no es un “crimen obsoleto” y puede producir una victimización masiva de una magnitud comparable, si no peor, que la victimización resultante de los otros crímenes principales”, señaló el GIPA.

Órdenes de arresto

La agresión rusa a Ucrania en 2022 puso en evidencia las complicaciones que tiene la CPI para juzgar este crimen. La Fiscalía tiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania, y emitió ya seis órdenes de detención en relación con ello, incluido contra el presidente ruso Vladimir Putin.

La falta de jurisdicción sobre la “agresión” ha llevado a la apertura de un debate en la comunidad internacional sobre la necesidad de establecer un nuevo tribunal especial para el crimen de agresión a Ucrania, una idea que no comparte el fiscal Khan, que instó a fortalecer el Estatuto y transferir fondos a su oficina, en lugar de centrar los esfuerzos en otra parte.

“Lo mejor es ambos: extender el mandato a todas las agresiones futuras y celebrar un juicio en cualquier forma a la agresión actual de Putin, pero no hay voluntad política para ninguno”, explicó a EFE Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.

Un tribunal especial necesita un amplio apoyo internacional y sería comparable al que acogió los Juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Y extender el mandato requiere el respaldo del Consejo de Seguridad, donde Rusia y Estados Unidos tienen veto, y Washington “siempre se ha mostrado reacio a la creación de un tribunal supranacional con jurisdicción sobre sus nacionales: justicia para los demás, pero no para sí misma”, lamentó De Hoon.