Detención de asesor de obispos marca nueva jornada de crisis en Nicaragua
EFE
La detención de un asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de cinco acusados de cometer «actos terroristas» marcó una nueva jornada de crisis que atraviesa este país centroamericano desde abril pasado y que ha dejado centenares de muertos.
El asesor jurídico del Episcopado, Carlos Cárdenas, fue sacado a la fuerza en su casa, en las afueras de Managua, por un presunto grupo de paramilitares, denunció su esposa, Lisette Galeano.
El abogado estaba en su vivienda junto con su esposa y su hija de 10 años de edad, cuando un grupo de encapuchados lo obligaron a irse con ellos, bajo amenaza de matar a la niña si se negaba, contó Galeano.
La Conferencia Episcopal actúa como mediadora en el diálogo nacional -que permanece suspendido desde junio pasado- para superar la crisis entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El presidente Ortega ha calificado a los obispos de «golpistas» y cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero el presidente lo rechazó y opinó que la propuesta mostraba que los obispos estaban «comprometidos con los golpistas», según dijo el 19 de julio.
A mediados de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) alertaron de que miembros de la Iglesia católica estaban sufriendo ataques por su mediación en el diálogo y por proteger la integridad física de los manifestantes contra el Gobierno.
Por su lado, la Policía Nacional informó sobre la detención de cinco nicaragüenses sospechosos de cometer actos de terrorismo en el marco de las protestas contra el Gobierno.
El segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, Farle Roa, dijo a través de medios oficiales que esas cinco personas presuntamente pertenecían a dos bandas que operaban en los departamentos de Masaya (sureste) y Chontales (centro).
Según el jefe policial, los detenidos, cuyo objetivo era crear terror y zozobra, usaban como excusa la organización de supuestas marchas pacíficas convocadas por la Alianza Cívica.
Los delitos en los que habrían incurrido, y por los que serán remitidos ante el Ministerio Público, son «conspiración para el terrorismo, y portación o tenencia de arma de fuego y municiones», indicó.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, advirtió a los opositores de no abusar de la paciencia del pueblo.
«Exigimos justicia. Que paguen por sus crímenes. Porque son 198 hermanos nicaragüenses los que ya no están y ellos los mataron. Que paguen por sus crímenes y que dejen ya de abusar de la paciencia del pueblo», clamó la también primera dama en un mensaje a través de medios oficiales, en alusión a los opositores.
«Que dejen ya de perturbar el afán de paz de la mayoría de los nicaragüenses y sobre todo que dejen de perturbar la necesidad de trabajar que tienen las mayorías nicaragüenses», continuó.
Murillo observó que después del 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno, Nicaragua ha vivido un tiempo «de oscuridad, de tinieblas, de perversidad, sin amargarnos».
«Los amargados están en otro lado, lo que no entienden es que Nicaragua quiere paz», agregó.
Sin embargo, señaló Murillo, «todavía quedan esos rescoldos, esos puchos (poco)» en la oposición, «que todos los días quieren hostigar el afán de trabajo de un pueblo, impedirlo claro, no es lo mismo el que está comiendo salteado, que el que come demasiado, y hasta se engorda».
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la más grande del país, abrió sus puertas, con restricciones, tras 4 meses de «parálisis» a causa de la crisis.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha causado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, aunque el Gobierno cifra las víctimas mortales en 198, lo que se convierte en la era más sangrienta del país desde la década de los años 80.
