Despedidos médicos en Nicaragua que apoyaron protestas contra Ortega
El País
Javier Pastora no oculta su indignación. Este cirujano general con una especialidad en gastroenterología y endoscopio digestiva denuncia que es víctima de una represalia por parte de las autoridades de la sanidad pública nicaragüense por atender a los heridos durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega —la represión desde mediados de abril ha causado ya 317 muertos— y por “expresar» su «discrepancia política con el Gobierno”.
Pastora era hasta la semana pasada jefe de cirugía del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (Heodra) de León, la segunda cuidad de Nicaragua, pero fue despedido de su cargo sin mayores explicaciones. Solo le fue entregada una carta emitida por la dirección de ese centro hospitalario. Junto a él echaron a otros nueve médicos y 25 miembros del personal sanitario del Heodra, el mayor hospital del oeste de Nicaragua.
El médico afirma que su despido responde a un “proceso de represión política” por criticar la represión desatada por Ortega desde abril, cuando comenzaron las manifestaciones que exigen el fin del mandato del presidente, que lleva 11 años gobernando Nicaragua con mano dura. “Nos han despedido de forma grosera, abusiva, sin excusas. Cuando pregunté cuáles eran las razonas me respondieron que eran políticas”, explica Pastora. El médico asegura que tras la “barrida” ordenada por la dirección del Heodra, León —ciudad de postal localizada a 97 kilómetros al noroeste de Managua– se ha quedado sin médicos especialistas.
Junto a Pastora fue despedida Gladys Jarquín, pediatra con una especialidad en enfermedades infecciosas que, además, dirigía el programa de VIH-Sida en el centro. Jarquín se siente consternada por su despido y lo que eso significa para el hospital y sus pacientes, dado que ella había logrado conformar un equipo de investigación en microbiología que permitía hacer investigaciones pioneras en Nicaragua.
Los responsables del Heodra no dan explicaciones por los despidos. La directora de hospital, Judith Lejarza Vargas, no ha respondido a las llamadas a su teléfono móvil, ni ha habido respuesta en la dirección de Recursos Humanos. Tampoco hubo una respuesta del Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.
Gracias al trabajo de Jarquín, el hospital contaba con el apoyo de las universidades estadounidenses de Duke, en Carolina del Norte, y Vanderbilt, en Tennessee. Pastora ha explicado que los despidos obedecen a los comunicados que el personal médico del hospital publicó para aplacar el miedo de la población durante las protestas, porque se decía que había órdenes de la ministra de Salud, Sonia Castro, de no atender a los heridos. “Había mucho temor de la población de acudir al hospital. Nosotros dijimos que se debía atender a todos los heridos, que sintieran seguridad”, explica la especialista.
