DeSantis ordena investigación sobre blindaje legal de autogobierno de Disney
EFE
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ordenó este lunes investigar los acuerdos legales a perpetuidad alcanzados por el grupo Disney antes de que el distrito donde están sus parques temáticos en Orlando pasara a ser manejado por el estado después de más de 50 años de autogobierno.
Mediante una carta enviada hoy a Melinda Miguel, inspectora general en jefe de Florida, DeSantis solicitó «una revisión e investigación exhaustivas» sobre la jugada legal de Disney dada a conocer recientemente.
Los miembros de la nueva junta nombrada por DeSantis para encargarse del Distrito de Mejoras de Reedy Creek, bajo el que Walt Disney World funcionó de manera autónoma durante más de medio siglo, sacaron a la luz esos acuerdos la semana pasada al percatarse de que no los dejan actuar libremente.
Una de las cláusulas del acuerdo, negociado por Disney con la junta supervisora anterior, establece qué hacer si es cuestionado por violar las reglas contra la perpetuidad.
En ese caso, el acuerdo estará vigente hasta 21 años después de la muerte del último superviviente de los descendientes del rey Carlos III de Inglaterra, según la información recogida por los medios.
«Estos arreglos (…) tienen como objetivo anular la legislación aprobada recientemente, socavar el proceso legislativo de Florida y desafiar la voluntad de los floridanos», escribió DeSantis en su carta.
«Cualquier violación legal o ética debe remitirse a las autoridades correspondientes», añadió en su misiva a Miguel.
En su carta, DeSantis invoca el proyecto de ley HB-9 aprobado por el Congreso de Florida y que él promulgó el pasado 27 de febrero para «poner fin al estatus de autogobierno y los privilegios especiales proporcionados a Walt Disney World a través del Mejoramiento de Reedy Creek».
DeSantis tomó esa medida después de que el gigante del entretenimiento se declarara en contra de su polémica política conocida como «No digas gay».
«ANTINEGOCIOS Y ANTIFLORIDA»
El consejero delegado de Disney, Bob Iger, señaló hoy que las represalias emprendidas por DeSantis y la legislatura estatal, de mayoría republicana, no solo son «anti-negocios» sino también «anti-Florida», entre otras razones debido a que el complejo de parques temáticos es el mayor contribuyente de impuestos a las arcas públicas.
Según el medio especializado CNBC, durante la junta anual de accionistas celebrada hoy Iger puso de relieve que Disney cuenta con más de 75.000 empleados en Florida, estado al que lleva cada año unos 50 millones de turistas, y que la firma planea invertir en Walt Disney World más de 17.000 millones de dólares durante la próxima década.
Iger aludió a la posición en contra que un año atrás tomó la compañía respecto a un proyecto de ley en el Congreso estatal, en alusión a la medida conocida como «No digas gay», que prohíbe abordar cuestiones de identidad de género en las escuelas públicas.
«El gobernador se enojó mucho por la posición que tomó Disney y parece que decidió tomar represalias contra nosotros, incluido el nombramiento de una nueva junta para supervisar la propiedad y el negocio. En efecto, pretender sancionar a una empresa por el ejercicio de un derecho constitucional (libre expresión). Y eso me parece realmente incorrecto», anotó, según recoge CNBC.
Melinda Miguel fue nombrada por DeSantis el 8 de enero de 2019 como Inspectora General en Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador de Florida.
«El reino corporativo finalmente llega a su fin», señaló DeSantis haciendo un juego de palabras con el «reino de la fantasía» y otros «reinos» de Disney en febrero pasado, durante el acto de firma de la ley en pleno distrito especial.
DeSantis, que se perfila como candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024, dijo entonces en un comunicado que el objetivo de la nueva legislación es hacer que Disney «viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y una parte justa de los impuestos».
«Permitir que una corporación controle su propio Gobierno es una mala política, especialmente cuando la corporación toma decisiones que afectan a toda una región», afirmó. EFE
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