Denuncian represalias a quienes se niegan a ser paramilitares en Nicaragua
EFE
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó de dos denuncias de jóvenes que fueron arrestados tras negarse a servir como paramilitares en Nicaragua, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos.
Según las denuncias, al menos 5 jóvenes, tres de ellos adolescentes, fueron arrestados por la Policía de Nicaragualuego de que supuestamente rechazaron una oferta económica equivalente a 10 dólares mensuales a cambio de reprimir con armas de fuego las protestas contra el presidente Daniel Ortega, dijo el asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, a periodistas.
«Es una represalia por no haber querido ser parte de la represión de la protestas, como consecuencia a su negativa a ser parte de eso, ahora están pagando con cárcel», afirmó Cuevas.
Los paramilitares son grupos civiles que actúan junto con la Policía Nacional, normalmente con fusiles de guerra, encapuchados, y se transportan en camionetas.
Las madres que denunciaron el caso de los jóvenes, Claudia Arana y Jaqueline Garay, detallaron que estos fueron capturados el 29 de agosto, un día después de que un supuesto miembro de la Juventud Sandinista hizo la oferta económica.
Las madres afirmaron que sus hijos ya habían sido encarcelados el 24 de mayo pasado, cinco días después que haber rechazado la oferta por primera vez, pero fueron liberados pocas horas después.
En esta ocasión pasaron varios días sin saber de sus hijos, hasta conocer, hace varias semanas, que se mantienen bajo arresto.
Cuevas recordó que la legislación de Nicaragua no admite que una persona esté más de 48 horas en prisión sin ser acusada, menos cuando son menores de edad, ya que estos deben estar bajo un régimen especial.
Los jóvenes fueron calificados como «presos políticos» por la CPDH.
Organizaciones humanitarias afirman que en Nicaragua existen más de 300 «presos políticos», mientras que el Gobierno reconoce más de 200 prisioneros, a quienes califica como «terroristas» y miembros de un intento de «golpe de Estado».
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifró en 199 los fallecidos.
El presidente Ortega ha rechazado todos los señalamientos.
La crisis en Nicaragua inició el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social que, debido al saldo mortal en las protestas, se convirtieron en la exigencia de renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
