Denuncian que cargos a Juan Requesens por atentado a Maduro son «postizos»
EFE
Los defensores del diputado venezolano Juan Requesens, detenido hace 52 días por su presunta implicación en el atentado con explosivos al presidente Nicolás Maduro, denunciaron como «postizos» las cargos vertidos contra el opositor, que podrían enviarle un largo periodo de tiempo a la cárcel.
El legislador Juan Miguel Matheus, compañero del acusado en la agrupación Primero Justicia, dijo a periodistas desde la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin), donde permanece recluido Requesens, que los cargos «son una siembra, son postizos».
«Hace 45 días el Tribunal de Control dictó una privativa de libertad para que el diputado permaneciera secuestrado en el Sebin, y hoy se cumplen 45 días, dentro de los cuales el Ministerio Público tiene que formalizar una acusación en contra del diputado, son los 45 días para recabar elementos probatorios en contra del acusado, pruebas que por supuesto no existen», aseveró.
Juan Requesens fue detenido el pasado 7 de agosto por funcionarios del cuerpo de inteligencia del país junto a su hermana Rafaela, mientras Maduro lo acusaba en transmisión obligatoria de radio y televisión del atentado en su contra, que se saldó con 7 heridos.
Tres días después, el Gobierno difundió un vídeo en el que se escucha a Requesens confesar que ayudó a ingresar al país a uno de los organizadores del ataque, un material que el antichavismo denunció se obtuvo por «coacción», y motivó a que la defensa del legislador pidiera una prueba toxicológica.
El diputado señaló en este audiovisual que ejecutó estas acciones luego de que el también opositor Julio Borges, expresidente del Parlamento y acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado, le pidiera «un favor».
También circuló un segundo video en el que se ve a Requesens en ropa interior aparentemente manchada de excrementos, sin pronunciar palabra, y que desató una ola de repudio en el antichavismo.
Hoy, el abogado del acusado, Joel García, señaló que estas acciones se enmarcan en dentro del esquema de irregularidades con que el Estado venezolano ha manejado el caso, e insistió en que Requesens irá a juicio «sin poder defenderse», puesto que se le niega el acceso a sus defensores.
«¿De qué manera vamos a defender a Juan Requesens cuando lo que obra en el expediente no tenemos forma de refutarlo porque no hemos tenido contacto con Juan Requesens?», dijo García a periodistas, acompañado de opositores y familiares del diputado opositor.
El letrado indicó que ante esto introdujo un amparo constitucional ante un tribunal para poder ver al legislador.
«El tribunal de control le ordena al Sebin (que) en un lapso no mayor a 24 horas informe los motivos por los cuales a la defensa no se le ha permitido el acceso», dijo, pero añadió que las autoridades del servicio de inteligencia respondieron que no podía recibir esa orden.
Señaló que tuvo «acceso al expediente» de Requesens que reposa en la Fiscalía y que encontró algunas deficiencias, pues en el mismo solo aparece la detención del parlamentario.
El abogado recordó que Juan Requesens fue detenido junto a su hermana Rafaela y que por ese hecho, ella es un «testigo primordial de cómo fueron las circunstancias del modo, tiempo y lugar de cómo fue detenido el diputado».
Además, señaló que el tribunal que lleva el caso no está trabajando, pero que aún así están convencidos de que el Ministerio Público (MP) formalizará la imputación a través de «una unidad de recepción de documentos».
Por el atentado, ocurrido cuando Maduro presidía una parada militar en Caracas, hay otros 27 detenidos, confirmó la pasada semana la Fiscalía, mientras que Venezuela ha pedido extradiciones a varios países, entre ellas la del expresidente del Parlamento, Julio Borges, a Colombia.
Además, el Gobierno venezolano ha anunciado que investiga la «presunta complicidad» de funcionarios de las embajadas de México, Colombia y Chile en el país en el atentado, por el que el propio Maduro también acusó en su momento al saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a la «ultraderecha» colombiana y venezolana.