Denuncian el «secuestro» de candidatos en Nicaragua
EFE
Las esposas de dos aspirantes a la Presidencia de Nicaragua urgieron este martes al Gobierno de Daniel Ortega mostrar pruebas de vida de ambos políticos detenidos y pidieron a la comunidad internacional interceder por ellos al considerar que han sido víctimas de un «secuestro».
Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, respectivamente, denunciaron que desconocen el paradero y estado de salud de los dos aspirantes a la Presidencia desde su arresto, ocurrido hace una semana bajo «cargos espurios».
Jared Genser, abogado de ambos opositores, dijo que la «detención arbitraria» de estos políticos cabe en las definiciones de «desapariciones» o «secuestros» al reiterar que no han sido vistos desde su arresto ni han podido recibir la ayuda legal.
Las esposas de los opositores subrayaron que viven un «infierno» por la incertidumbre de no poder visitarlos ni verlos y que el Gobierno de Ortega, que busca por tercera vez consecutiva su reelección en noviembre próximo, tampoco les ha permitido el acceso a sus abogados.
Valle y Cárdenas dijeron durante una videoconferencia desde Miami (EEUU) y Managua (Nicaragua), respectivamente, que sus familias se unieron para pedir la ayuda internacional en favor de la democracia de su país, la cual consideran está amenazada con el arresto de por lo menos cuatro aspirantes presidenciales.
Las mujeres aseguraron que lucharán por la libertad de sus esposos y de por lo menos 120 «presos políticos» más, la mayoría a raíz de la revuelta popular que estalló contra Ortega en abril de 2018.
«Demando al Estado de Nicaragua mostrar a mi esposo, verlo, saber cómo está y también al resto de presos políticos, cuyas familias tampoco tienen información de cómo se encuentran en este momento», expresó este martes Cárdenas.
ELECCIONES DISPARAN ARRESTOS
En menos de dos semanas, el Gobierno de Ortega ha desencadenado una ola de arrestos contra opositores, entre los cuales están cuatro aspirantes a la Presidencia, dos exvicecancilleres, dos exguerrilleros sandinistas disidentes, y tres mujeres líderes de diferentes grupos adversarios del gobernante.
El abogado Jared Genser, que se conectó a la videocoferencia desde Washington (EE.UU.), manifestó que hacer «detener o desaparecer» adversarios políticos en Nicaragua muestra a la comunidad internacional una «debilidad» de Ortega para retener el poder de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
La esposa de Maradiaga se lamentó que el mayor desafío de la democracia en su país es que «el Gobierno logre respetar la voluntad del pueblo, y con el arresto de cuatro precandidatos presidenciales podemos ver que no existe esa voluntad».
Indicó que la detención de sus esposos y de los aspirantes políticos Arturo Cruz y Cristiana Chamorro «niega el derecho a la ciudadanía a poder elegir sus gobernantes».
Hizo además un llamado a unas elecciones «transparentes, observadas y libres (…) porque de lo contrario el Gobierno seguirá utilizando las instituciones para hacer su voluntad».
El abogado Genser subrayó que las detenciones han violado no solo la leyes internacionales de derechos civiles políticos, sino la propia Constitución de Nicaragua.
Valle narró que su esposo fue detenido el martes pasado después de salir de una supuesta entrevista con el Ministerio Público a la cual había sido citado ese día.
El abogado Genser denunció que la policía sacó por la fuerza a Maradiaga de su vehículo y lo agredieron físicamente pese a que no se resistió al arresto.
Cárdenas por su parte denunció que a su vivienda llegaron la noche del pasado martes por lo menos una treintena de patrullas con hombres vestidos de policía y otros de negro y se lanzaron por el muro en vez de esperar a que ella abriera el portón principal.
Señaló que ambos solicitaron a las autoridades dejar la violencia y su esposo se arrodilló y subió las manos para entregarse.
ARRESTOS ILEGALES
Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas dos semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.
En las elecciones del próximo noviembre Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política nicaragüense.
Según Genser, se han realizado audiencias secretas, en las cuales la corte aprobó períodos de detención judicial de 90 días para ambos mientras se llevan a cabo las investigaciones de los supuestos cargos.
Genser teme que la estadía prolongada de los políticos en manos del régimen de Ortega derive en maltrato o torturas y manifestó preocupación también por un posible contagio de la Covid-19 en las prisiones nicaragüenses.
«Nosotros tememos mucho por su bienestar porque sabemos en base a precedentes de que en esas cárceles del régimen hay torturas, hay violaciones, no se respeta ningún tipo de derecho», indicó por su parte la esposa del candidato Chamorro.
