Denuncian detención «bajo engaño» de política opositora en Nicaragua
EFE
Los padres de la política opositora nicaragüense Karla Vanegas Gutiérrez denunciaron que su hija fue detenida «bajo engaño», en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua y que ha dejado cientos de muertos desde abril en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
José Leonel Vanegas y Martha Lorena Gutiérrez denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la presunta detención ilegal de su hija, que fue concejal en el municipio de Ticuantepe, al sureste de Managua, por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Según sus familiares, la opositora acudió a una cita policial el pasado 13 de noviembre, a la que se presentó y allí mismo la dejaron detenida.
«Nosotros fuimos sin temor a nada, pero arbitrariamente le pusieron las chachas (esposas)», sin explicación alguna, denunció Vanegas Bustos.
El viernes pasado, la Policía de Nicaragua presentó a Vanegas Gutiérrez como responsable de diversos delitos, de ser «cabecilla de los tranques (bloqueos)» y proveedora de armas de fuego y municiones en el municipio de Ticuantepe.
La mujer es señalada por la Policía de cometer los delitos de secuestro, tortura, asaltos, lesiones, entorpecimiento de servicios públicos y tenencia ilegal de arma de fuego.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 535 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
Según dichas organizaciones, en Nicaragua existen entre 552 y 602 «presos políticos», mientras que el Gobierno cuenta 273, a los que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
