Denuncian asedio policial en Nicaragua contra ONG que CorteIDH mandó proteger
EFE
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este lunes ser blanco del asedio de la Policía de Nicaragua, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado nicaragüense proteger a sus integrantes.
Los miembros de la CPDH avisaron del caso mientras su sede en Managua era rodeada por al menos siete patrullas policiales esta mañana, justo cuando varios ciudadanos denunciaban violaciones a sus derechos humanos por parte de grupos afines al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
«Aquí están las hordas criminales (policías) que vienen asesinando desde hace más de un año, no quieren dejar salir a las personas que están poniendo denuncias», dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en una conferencia de prensa improvisada.
Según Carmona, el objetivo de la Policía de Nicaragua es intimidar a las personas que denuncian violaciones a sus derechos humanos cometidas por paramilitares, militantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), o agentes policiales, en medio de la crisis sociopolítica local.
El pasado viernes la CorteIDH ordenó a Nicaragua adoptar medidas para proteger la vida de los miembros de la CPDH y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ante las amenazas recibidas.
La Policía de Nicaragua y los grupos afines al Gobierno son los principales señalados por la muerte, desaparición y captura de cientos de personas desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018, lo que además ha empujado al exilio a decenas de miles de nicaragüenses.
La CPDH es la única ONG con capacidad de recibir denuncias formales de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua luego de que el año pasado la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, despojó de su personalidad jurídica al Cenidh, y los principales dirigentes de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humano (ANPDH) fueron empujados al exilio.
Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que al menos 326 personas han muerto en el marco de la crisis. Las organizaciones humanitarias locales cuentan hasta 594. El Gobierno admite 200.
