Llevan a la ONU desapariciones durante protestas en Colombia
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Organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy ante la ONU torturas, 83 homicidios y 327 desapariciones entre los manifestantes que desde hace más de dos meses protestan contra el gobierno de Colombia.
Desde el «28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios», y miles de «detenciones arbitrarias», señaló en un comunicado la red de organizaciones colombianas e internacionales, que también pidió al órgano internacional condenar la «brutal represión» de la fuerza pública.
Las denuncias son parte de un informe que será presentado en Ginebra, donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos entre el 21 de junio y el 13 de julio.
De acuerdo con el texto, 27 de los fallecidos fueron «víctimas» del escuadrón antidisturbios, según recogió la agencia de noticias AFP.
Otras muertes fueron provocadas por «civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado».
«Un hecho particularmente preocupante es la práctica de la desaparición forzada (…). A la fecha, 327 personas continúan desaparecidas», enfatiza la denuncia.
Además, unos «3.200 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Los abusos incluyen «golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación» y fueron dirigidos «especialmente» contra grupos indígenas, miembros de la comunidad LGTBIQ, defensores de derechos humanos, personal médico y periodistas, agrega el informe.
El Gobierno de Iván Duque, por su parte, asegura que grupos dedicados al narcotráfico y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida del país, se camuflan entre los manifestantes para generar caos.
Según la policía y el Ministerio de Defensa, durante las manifestaciones murieron dos agentes de las fuerzas de seguridad y otros dos recibieron disparos.
La embajadora del gobierno ante la ONU, Alicia Arango, cuestionó estas cifras y sostuvo que son 24 las personas fallecidas.
En la misma línea, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia adelantó 127 investigaciones «por presuntas faltas disciplinarias» de la policía.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), firmante del documento, acusó «crueldad» y «uso sistemático de armas de fuego» por parte de la policía, en una conferencia de prensa virtual concedida por su subdirectora, Ana María Rodríguez, y otros miembros de la red.
