Denuncian a jueces que se prestan para violar DDHH en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba

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El Instituto Interamericano por la Democracia  y el Inter-American Bar Association –como centros de investigación cuyos objetivos incluyen la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia, la justicia y el estado de derecho–  develaron el primero de cinco estudios sobre casos tratados en las cortes, fallos judiciales, decisiones y resoluciones cuyo contenido puede violar los derechos humanos en los países que practican el auto llamado socialismo del siglo XXI, es decir, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.  “En la manipulación y disfraz de estos principios radica la genialidad criminal de los socialistas del siglo XXI que, inspirados y guiados por la brutal experiencia dictatorial castrista, articularon sistemas judiciales propios, serviles y utilitarios, como instrumento de represión y control social… e incluso haciendo nacer nuevos estados, crearon su sistema judicial”, destacó Carlos Sanchez Berzain, Director del Instituto interamericano por la Democracia.

El primer estudio, centrado en Ecuador, fue presentado en Washington DC, en el foro: “El Rol de la Justicia en la Violación de los Derechos Humanos”. En esta oportunidad, se abordó específicamente seis casos que fueron estudiados por especialistas e incluyen estudiantes, indígenas, medios y manifestantes que han sido juzgados en Ecuador y que comprometen la independencia del poder judicial del país:  

• El poder judicial como una herramienta para silenciar la libertad de expresión en la red;
• Terrorismo forjado en un estado constitucional de derecho: el caso de los diez de Luluncoto;
• Un juicio injusto y una convicción vergonzosa: instrumento político para aprovechar los canales privados de televisión;
• El poder judicial como instrumento de censura;
• La relación entre el gobierno y la sociedad civil y,
• El abuso del derecho penal en Ecuador: Caso de los 29 de Saraguro.

Los investigadores, Daniela Salazar Marín, Dr. Jaime Vintimilla, Dr. Jorge Zabala Egas, Dr. Fabricio Rubianes Morales, Carlos Manosalvas, MST, Rafael Paredes Corral, Pier Paolo Pigozzi, y Sebastian González, mostraron cómo estos procesos penales fueron utilizados por las autoridades ecuatorianas para “acosar, intimidar, perseguir, silenciar y procesar a los estudiantes, indígenas, a las personas que denuncian la corrupción, a los empresarios y a los disidentes políticos”, destacó el profesor Douglass Cassel, de la Universidad de Notre Dame.

La congresista Ileana RosLethinen participó como forista y destacó que estamos obligados a denunciar constantemente las violaciones de los derechos humanos. “Estamos acostumbrados a una prensa abierta y libre. Miren nuestras elecciones presidenciales. Y lo tomamos por sentado… Hemos visto cómo Rafael Correa ataca y hasta demanda a medios de prensa y periodistas que publican artículos críticos de su régimen. Cada una de las infames violaciones en contra de la libertad de prensa debe ser denunciada… porque un poder judicial libre e imparcial es la base de una sociedad libre y abierta”.

Este primer estudio  se refiere a “las decisiones judiciales que violan los derechos humanos en Ecuador”, y se proponen estudios similares sobre las decisiones judiciales en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Su objetivo es poner en el campo de la evidencia científica lo que ha sido hasta ahora reservado en los informes de prensa, debates políticos y en análisis, y arrojar luz sobre algunas de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos por parte de los jueces que, en lugar de asegurar esos derechos, ha infringido sobre ellos. Son obras de profesionales independientes que, a través de su experiencia legal, contribuyen a los esfuerzos para restablecer la independencia judicial y el estado de derecho en los países que, como Ecuador, han convertido el derecho en un mecanismo sistemático para el abuso de poder y la violación de los derechos humanos.

Dar a conocer estos casos y difundir las conclusiones de los expertos, constituye un llamado de atención para los gobiernos que, al haber dejado de ser demócratas, pretenden utilizar la justicia para generar presión política y represión. ¨Los Jueces y fiscales designados al servicio de los gobiernos no democráticos del socialismo del siglo XXI en América Latina utilizan –bajo la consigna de decisiones judiciales– el asesinato de la reputación, la apropiación indebida de bienes, la persecución, inhabilitación y prisión de ciudadanos inocentes. Los dependientes y manipulados sistemas de justicia de las cinco dictaduras de la región -además de ser prueba de la ausencia de democracia- constituyen fuente constatable de violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sus fallos judiciales o “sentencias infames” deben ser señalados como nulos e inefectivos en los países democráticos donde rige el estado de derecho”, concluyó el doctor Sánchez Berzaín.