Demandan por restricciones a libertad de expresión de jueces de inmigración
Agencias
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, en inglés) impone restricciones inconstitucionales a la libertad de expresión de los jueces de inmigración, según una demanda iniciada este miércoles por el Instituto Knight.
La querella de 23 páginas presentada en representación de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) al Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria, está dirigida contra el director de EOIR, James McHenry y contra el secretario de Justicia, William Barr.
Según el Instituto Knight, una institución dedicada a la defensa de la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la política de EOIR «prohíbe categóricamente que los jueces de inmigración hablen o escriban públicamente, en su capacidad personal, acerca de inmigración o de la agencia que los emplea».
«Acerca de todos los otros temas, la política requiere que los jueces de inmigración obtengan autorización de EOIR», añadió el instituto.
Tradicionalmente los jueces miembros de NAIJ han participado en conferencias y han disertado en universidades y facultades de leyes, así como han participado en cursos de instrucción sobre las leyes de inmigración, y han hablado ante grupos comunitarios, todo ello en su capacidad personal.
«Pero en 2017, EOIR emitió una política de participación en disertaciones que cortó sustancialmente la capacidad de los jueces de inmigración para hablar, en su capacidad personal, en público», añadió el instituto. «Una versión revisada de la política, emitida en 2020, es aún más restrictiva».
«Estas normas se aplican independientemente de cuál sea el asunto sobre el cual los jueces piensan hablar, o cuál sea su audiencia, o el foro ante el cual desean compartir sus opiniones», según los demandantes.
Los jueces que contravengan las normas encaran una serie de medidas disciplinarias que van desde la reprimenda a la suspensión y aún la terminación de su empleo federal.
La demanda argumenta que esa política viola el derecho, bajo la Primera Enmienda, de los jueces de inmigración para hablar en público en asuntos que son de interés público, y el derecho del público a escucharlos.
El ajuste más reciente de estas normas, señalaron los demandantes, coincide con que el presidente Donald Trump «ha hecho de la inmigración un asunto central en su campaña y su gobierno ha hecho cambios profundos en el sistema de tribunales de inmigración».
Como ejemplo el escrito judicial menciona el hecho de que el Departamento de Justicia ha instituido cuotas de casos que los magistrados deben completar cada año, lo cual «ha restringido la capacidad de los jueces para dar cierre administrativo o continuar con los casos, y ha reasignado jueces de sus listas de casos para dar prioridad a la adjudicación de casos que involucran a migrantes que solicitan asilo desde México».
