Demandan al gobierno de Miami por no proveer protección a los operarios de transporte
EFE
Un sindicato de Estados Unidos presentó este viernes una demanda judicial contra el gobierno de Miami-Dade al considerar que no ha protegido del COVID-19 a sus operarios de autobuses y trenes pese al aumento del contagio y muertes en Florida, en su mayoría en este condado sureño.
Miami-Dade lidera el número de casos estatales confirmados del nuevo coronavirus con 8.549 contagiados y 190 muertes, según datos de este viernes del Departamento de Salud de Florida.
Los infectados llegaron a 24.119 (779 más que este jueves), mientras que los muertos alcanzaron los 686 (18 más), 7 de ellos en el condado de Miami-Dade. Se trata del cuarto día en que los nuevos casos confirmados están debajo del millar.
En la demanda, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de EE.UU indica, que pese al confinamiento aún movilizan mensualmente a 1,3 millones de pasajeros.
La organización sindical señala que los transportistas no han recibido «el equipo de protección personal suficiente» pese a que el condado «tiene suministros adecuados».
Durante la pandemia estos empleados «arriesgan su propio bienestar en la primera línea del transporte de trabajadores esenciales, incluidos algunos de los residentes más vulnerables del condado», manifiesta la querella.
La demanda recuerda que según el Instituto de Mediciones y Evaluaciones de la Salud, Florida aún está «a casi tres semanas de alcanzar su número máximo de muertes por día, suponiendo que el distanciamiento social total siga vigente hasta mayo».
La acusación del sindicato es contra Alicia Bravo, directora de Transporte y Obras Públicas del condado de Miami-Dade, a cargo de los servicios de autobuses y trenes conocidos como Metrobus, Metrorail y Metromover.
Señala que Bravo tampoco ha proporcionado a los empleados de tránsito suficientes productos de limpieza para desinfectar los espacios de trabajo.
«Bravo solo ha dado a los conductores de autobuses del condado una sola toallita desinfectante para que duren un turno completo», dice la querella.
Según el sindicato los operadores y conductores de autobuses entran en contacto cercano con decenas de miles de pasajeros al día, lo que aumenta el riesgo de que contraigan el nuevo coronavirus.
El sindicato pidió una «investigación sobre cómo el condado distribuye su inventario» de protección, que incluya la descripción del trabajo, la raza y el origen étnico del operario.
De igual forma urgió el nombramiento de un inspector general de seguridad «con capacitación científica» para revisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e informar públicamente las fallas diarias que se presenten.
Según la demanda, Bravo redujo la cantidad de asientos disponibles para los pasajeros marcando los asientos del autobús con una «X», pero no estableció cómo hacer cumplir la medida.
