Delegado de la OEA explora negociaciones sobre la crisis de Nicaragua
EFE
El enviado especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Porto, se encuentra este viernes en Nicaragua para explorar el estado de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para una salida pacífica a la crisis local.
Porto, quien ya tuvo los primeros contactos con las partes, ha confirmado que la OEA mantiene su posición de apoyar las negociaciones a través de las reformas electorales, informó la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en la mesa de discusiones.
La OEA ya brinda apoyo a las negociaciones a través de su representante Luis Ángel Rosadilla, un exministro de Defensa de Uruguay que actúa en las pláticas como «testigo y acompañante», junto con el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.
La Alianza Cívica ha insistido en que las negociaciones se mantienen suspendidas desde el 3 de abril pasado porque el Gobierno se niega a cumplir los acuerdos firmados en marzo, y pone obstáculos a los temas pendientes.
Los acuerdos que según la Alianza debe cumplir el Gobierno se resumen en la liberación de los «presos políticos», así como en respetar la Constitución en lo referido a las libertades de expresión y de prensa.
Los temas pendientes de discutir se centran en que haya justicia para las víctimas de la crisis, y en el retorno de la democracia en Nicaragua, que pasa por reformas electorales, en las que la oposición considera necesario adelantar las elecciones de 2021 y el Gobierno propone mantener la fecha.
Los miembros de la Alianza no informaron cuánto tiempo permanecerá Porto en Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica que, desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 568 y el Gobierno reconoce 199.
Según la oposición, unas 809 personas están en las cárceles como «presos políticos», casi el doble de las que reconoce el Gobierno, a las que llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
