Defensorías de Panamá y Colombia lanzan inédita alerta por crisis migratoria
EFE
Las defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia lanzaron este miércoles una inédita alerta temprana binacional, que evidencia la vulneración de los derechos de los miles de migrantes que atraviesan la selva fronteriza del Darién y plantea recomendaciones a los gobiernos con la esperanza de que tomen medidas para revertir esta situación «aberrante».
«Esta es una alerta temprana binacional piloto, pionera, sin precedentes en la materia de protección y garantía de los derechos humanos, que tiene como propósito sumar esfuerzos», dijo a EFE el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Los riesgos y vulneraciones de DDHH que enfrentan los migrantes que atraviesan la frontera entre Colombia y Panamá, hizo que @DefensoriaPan y @DefensoriaCol emitieran una Alerta Temprana Binacional para que los gobiernos de las dos naciones tomen acciones. https://t.co/URuw03HzSo pic.twitter.com/lhEaUzur7C
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 12, 2023
En Colombia, esta alerta se emitió para las comunidades de Necoclí y Turbo, en el departamento de Antioquia, y de Unguía, Acandí y Juradó, ubicadas en el departamento de Chocó.
En Panamá, para las áreas en el Darién de Pinogana y Chipinaga, y las comarcas indígenas de Emberá Wounaan y Guna Yala.
Ello, dijo Camargo, como producto de un análisis y evaluación que llevó 8 meses de trabajo en ambos lados de la frontera para «la visibilización de los distintos factores de riesgo» que afronta la población migrante en tránsito por la selva, en un flujo que no ha parado de crecer.
Casi 100.000 personas cruzaron el Darién desde el pasado 1 de enero hasta la fecha, dijo a EFE el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc. En todo el 2022 fueron 248.284, y el año anterior 133.726.
«Son múltiples los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que deben enfrentar, tanto los migrantes como las poblaciones que viven en la región alertada, entre ellos: violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, extorsiones para permitir el tránsito de migrantes, robo de pertenencias y dinero, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tráfico de migrantes y posible trata de personas», dijeron los defensores en una declaración conjunta.
El papel y el lucro del crimen organizado
El diagnóstico de la situación a ambos lados de la frontera selvática establece, por ejemplo, que hay seis rutas empleadas por los migrantes, de las cuales dos son principales, informó el funcionario colombiano.
Ambos defensores explicaron que el control territorial en la ruta lo ejercen organizaciones criminales como el colombiano Clan del Golfo, redes transcontinentales focalizadas en el tráfico de migrantes, y grupos de delincuencia en proceso de organización en Panamá.
«Hay una economía que tiene como presa a los migrantes» que atraviesan el Darién y que solo en el 2022 generó «a los que se dedican a esta práctica ilegal unos 125 millones de dólares», una cifra que deviene de multiplicar el número de cruces por los cerca de 500 dólares que le cuesta a cada persona ese tránsito, precisó Camargo.
Seis recomendaciones
Las dos defensorías presentaron seis recomendaciones de alcance binacional, la principal de ellas el establecimiento de una «Mesa Permanente» de atención a la población migrante, que se encargue de revisar los flujos migratorios irregulares, las violaciones a los derechos humanos, las rutas migratorias y las victimizaciones.
En este sentido, Leblanc pidió a las autoridades de Colombia que emplace al Ejército en la zona fronteriza con Panamá.
«No hay presencia del Ejército colombiano (en su lado de la frontera). Es una realidad», dijo Leblanc, que aclaró que «no se pide militarizar la migración», sino «salvaguardar la vida y honra de connacionales colombianos ahí y de nacionales panameños que están transfronterizos».
Las Defensorías de Panamá y Colombia también propusieron a las autoridades de Seguridad y Defensa de ambos países que «fortalezcan los canales de diálogo y comunicación para que se evalúen mecanismos de disuasión de las amenazas a los derechos humanos en la zona de frontera».
«Nuestro rol es visibilizar la aberrante situación que vive la población migrante y decirle a los gobiernos que no nos podemos quedar en meras intenciones (…) esto es una bomba de tiempo, esta es la peor crisis humanitaria que hoy padece el mundo», por lo que hay que abordarla con «una política pública y del Estado, con toda la seriedad y contundencia», afirmó Camargo.
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