Defensor del Pueblo niega que el TSJ haya ampliado sus atribuciones: «Es una infamia»
EFE
El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, negó este domingo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya ampliado las atribuciones de su despacho en la sentencia que emitió el pasado martes donde explica las competencias de ese organismo, y dijo que hacer esa afirmación es una «infamia».
«Me vi obligado por las propias circunstancias a solicitarle a la Sala Constitucional que aclarara una serie de derechos (…) en función de nuestras atribuciones. Ahora, de allí a que (a) nosotros se nos amplió nuestras competencias así, de facto, y que le quitamos titularidad o competencias al Ministerio Público (MP-Fiscalía) es una infamia», dijo en entrevista con el estatal VTV.
Saab afirmó que funcionarios de la Fiscalía le negaban a los defensores que participaran o presenciaran actividades propias de investigaciones donde se presumía la violación de derechos humanos, participación que afirmó que por ley le compete a su despacho.
«¿Cómo le vas a decir, por más fiscal que seas con competencia nacional, a un funcionario policial: ‘mire, retire a ese delegado de la Defensoría porque no puede presenciar la autopsia’? Nunca lograron desalojar a ningún funcionario nuestro, pero estaba esa actitud (…) hasta obstaculizadora y negativa», agregó.
El defensor explicó que esta actitud data del año 2000 cuando se creó la Defensoría del Pueblo y que se convirtió «en una especie de costumbre».
El Supremo de Venezuela emitió el pasado martes una sentencia «aclaratoria» en la que señala que el defensor del Pueblo puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el MP y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones.
La decisión surge a solicitud de una «aclaratoria» del defensor y después de que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ha cuestionado la actuación de la fiscal general, Luisa Ortega, que ha emprendido recursos legales que afectan las actuaciones del chavismo como la iniciativa de una Constituyente para modificar la Carta Magna.
Por su parte, la fiscal general un día después señaló que desconocerá la sentencia que han emitido «unos ilegítimos magistrados» del máximo tribunal y pidió que esos fallos sean anulados.
«Se han producido sentencias del TSJ que, además de romper el orden constitucional ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos», dijo la funcionaria.
