Defensor del Pueblo apoya al TSJ y oposición pide procesar a magistrados
EFE
El defensor del Pueblo Tarek William Saab, respaldó este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al negar que hubiese una ruptura del orden constitucional, mientras que la oposición, representada en varios sectores de la sociedad, pidió a la Fiscalía procesar a los miembros de la alta magistratura.
William Saab, quien además preside el Poder Ciudadano en Venezuela, cuestionó que hubiese una ruptura del orden constitucional tal y como señaló la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, el pasado viernes tras las dos sentencias del (TSJ) que despojaban de sus competencias al Parlamento y a los diputados parcialmente de su inmunidad.
Según Saab, lo que dijo en esa oportunidad la Fiscal fue una «opinión».
«Dígame usted si aquí hay una ruptura del orden constitucional si la propia ciudadana Fiscal General de la República el día sábado (…) se reunió con el ciudadano Presidente de la República (Nicolás Maduro)», afirmó Saab en rueda de prensa desde Caracas.
En ese sentido, indicó que Maduro y Ortega «pudieron conversar sobre este tema y otros temas de la democracia y la legalidad venezolana».
Por su parte, Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, pidió al defensor del Pueblo respaldar la remoción de siete magistrados del Supremo, a quienes la oposición venezolana acusa de haber cometido un «golpe de Estado».
Según la Constitución venezolana, «los magistrados del Supremo podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano».
«Está claro que el brazo ejecutor de la dictadura es el TSJ (…) él como defensor del pueblo y su equipo debe separarse del golpe de Estado y de la dictadura (…) si está con el golpe de Estado es cómplice del dictador», prosiguió Tintori.
Las sentencias del Supremo por las que asumió las competencias del Parlamento y limitó parcialmente la inmunidad de los diputados continúan generando reacciones en distintos sectores de la sociedad, pese a que la máxima corte reculó el pasado sábado y aseguró que suprimía parte de las mismas.
Alcaldes opositores y abogados venezolanos pidieron hoy a la Fiscalía iniciar un procedimiento para procesar a los magistrados del Supremo, pues alegan que han cometido delitos al publicar estas sentencias y que han usurpado las facultades de otros poderes públicos.
Un grupo de 80 alcaldes opositores reunidos en la Asociación de Alcaldes por Venezuela consideró que, aunque el Tribunal Supremo haya dado un paso atrás respecto de las sentencias en las que asumía las funciones del Parlamento, es una «obligación constitucional» enjuiciar a quienes produjeron la ruptura del hilo constitucional.
En un comunicado, los alcaldes alegaron que estos magistrados cometieron delitos tipificados en los artículos 132 y 143 del Código Penal venezolano y resaltaron que la Constitución del país caribeño define la forma republicana y la separación de poderes «en un complejo equilibrio de pesos y contrapesos en beneficio del pueblo».
Por su parte, varias asociaciones de abogados y organizaciones no gubernamentales presentaron hoy una denuncia ante la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, para que inicie averiguaciones por los «delitos» que, aseguran, cometieron los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo).
La presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Yvett Lugo, dijo a Efe que los magistrados «han faltado a la ética y han ido en contra del Estado de derecho (…) Creemos que ellos -los siete jueces que firmaron las sentencias- no son idóneos para seguir desempeñando sus funciones porque tienen un desconocimiento del derecho».
Asimismo, consideró que la rectificación del TSJ respecto de las sentencias demuestra «el delito que cometieron» los miembros de la Sala Constitucional «al modificar algo que era cosa juzgada, eso no se puede hacer».
«Esto ha sido un golpe del Poder Judicial a la Asamblea Nacional y ha sido continuado», expresó, a lo que agregó que los jueces señalados «si la justicia en este país funcionara», pudieran ser condenados a entre 8 y 16 años de cárcel por «violar la Constitución».
A estas peticiones de acciones penales en contra de los magistrados también se ha unido el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, iniciará mañana un proceso para remover a los magistrados, aunque para ello precise de dos tercios de la Cámara y que el Poder Ciudadano califique las faltas de los jueces como graves.
Los opositores han convocado a sus simpatizantes a respaldar al Parlamento con una manifestación que concluirá en la sede del Legislativo, lugar al que también acudirán los seguidores del chavismo, convocados hoy por el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Adán Chávez, a otra marcha paralela.
