Defensa de Assange impugnará diligencia de incautación de pertenencias
EFE
La defensa del australiano Julian Assange en Quito acudirá este lunes a la Fiscalía General del Estado para presentar una impugnación a la diligencia de incautación de pertenencias del fundador de WikiLeaks, prevista para el próximo 20 de mayo en Londres.
Así lo aseguró este domingo a Efe el abogado Carlos Poveda -del equipo de defensa del australiano en Ecuador-, a quien la Fiscalía le notificó el pasado viernes de la próxima realización de la diligencia de «incautación de evidencias y pertenencias, y al reconocimiento en el interior de la Embajada».
Según conoció el letrado, esa diligencia fue autorizada por un juez el pasado 1 de mayo.
«Para nosotros ha sido una gran sorpresa», comentó Poveda, quien anteriormente ya había expresado su preocupación por el destino de las pertenencias de su cliente.
Según el abogado, la diligencia del día 20 se enmarca en una cooperación judicial y una asistencia en materia penal internacional «que ha pedido Estados Unidos, que se viene realizando ya desde el anterior año» y que la defensa suponía cerrada.
Poveda sostiene que de darse la incautación, las pertenencias de Assange serán entregadas a Estados Unidos pues se trata «de una cooperación internacional» solicitada.
Entre los argumentos para impugnar la diligencia figuran que no fueron notificados sobre la resolución tomada el 1 de mayo y que «lo mínimo que se espera es que el investigado pueda estar presente en la incautación».
«Nosotros no confiamos en el Estado ecuatoriano ni en la Fiscalía», señaló antes de asegurar que la Cancillería no ha atendido su petición de entregar los vídeos captados en el interior de la Embajada a partir del pasado 11 de abril, cuando Quito dio por terminado el asilo de Assange y fue arrestado.
La defensa supone que podría haber ocurrido alguna «implantación de evidencias, que podrían ya haber sacado evidencias», especuló.
Por otra parte, Poveda puntualizó que Assange «sigue siendo ecuatoriano (pues) no hay nulidad de naturalización» y si la legislación ecuatoriana no permite extraditar a un nacional a un tercer país donde haya pena de muerte o perpetua, «tampoco las evidencias pueden ser trasladadas», subrayó.
Recalcó que se opondrán «de manera categórica» a la posibilidad de que en el caso intervenga la defensa pública y expresó su temor de que el tiempo para tramitar visados impida la presencia de los abogados del australiano el día 20.
El pasado 2 de mayo, Assange, detenido en el Reino Unido, rechazó su entrega a Estados Unidos al defender ante un tribunal de Londres su apuesta por un periodismo «que ha protegido a muchas personas».
Assange, de 47 años, compareció ese día por videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster durante unos 10 minutos, en el arranque de su batalla legal contra la extradición a EE.UU., que le reclama por supuestamente haber conspirado para presuntamente interceptar ordenadores del Pentágono.
Lo hizo desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh, un día después de que otro tribunal londinense, el de Southwark, le condenara a una pena de 50 semanas de cárcel por haber roto en 2012 las condiciones de su libertad condicional.
Assange infringió las condiciones de su libertad condicional cuando el 19 de junio de 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador de Londres para no ser entregado a Suecia, un país que lo requería para interrogarlo por presuntos delitos sexuales, que él ha negado.
Después de agotar todos los recursos legales, solicitó ayuda al anterior Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa y permaneció refugiado en su legación en Londres durante casi siete años.
El australiano siempre sostuvo que tenía miedo de que, si era llevado a Suecia, ese país terminara entregándolo a EE.UU., donde temía por su integridad física y por su vida.
El pasado 11 de abril, Assange fue detenido por la fuerza por la policía británica poco después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, pusiera fin al asilo diplomático.
