Defensa de Alex Saab hará una nueva solicitud de “habeas corpus”
EFE
Como es sabido, la Justicia de Cabo Verde ha rechazado la demanda de «habeas corpus» que el empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser presuntamente testaferro de, Nicolás Maduro.
El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) desestimó a última hora del martes el «habeas corpus» (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), presentado el pasado jueves.
El STJ argumentó con la «inutilidad» de ese procedimiento legal para adoptar su decisión, según la notificación enviada al empresario.
La defensa emprendió esa acción alegando un «encarcelamiento ilegal» de Saab, con el fin de que se anulara un fallo de un tribunal de la norteña isla de Sal, que dictó prisión preventiva para el presunto testaferro este 14 de junio.
La prisión preventiva fue confirmada después por una instancia superior, el Tribunal de Apelación de Barlavento en la isla septentrional de San Vicente, de ahí que el STJ desestimara el «habeas corpus».
Pese al revés, Pinto declaró hoy a Efe por teléfono desde Praia, la capital de Cabo Verde, que «todo está abierto, ya que el STJ no apreció la cuestión fundamental, limitándose a invocar un argumento meramente formal».
La defensa tiene ahora previsto presentar mañana ante el STJ una nueva solicitud de «habeas corpus», así como una nueva apelación, esta vez centrada en la validación de la detención preventiva por parte del Tribunal de Apelaciones.
El abogado subrayó su disposición a hacer todo lo posible para «defender los derechos» de su cliente, y agotará todas las opciones legales permitidas por el sistema judicial caboverdiano para tratar de anular la prisión preventiva impuesta a Saab, recluido actualmente en la cárcel de Ribeirinha, en San Vicente.
Si fracasan las citadas acciones legales, Saab interpondrá un «recurso de amparo constitucional (Artículo 20 de la Constitución de Cabo Verde), que permite colocar bajo tutela del Tribunal Constitucional la defensa de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos frente a actos ilícitos de los poderes públicos».
