Declaran culpable a hombre que vendía banderas a opositores en Nicaragua
EFE
El nicaragüense Luis Enrique Cuevas Poveda, quien se ganaba la vida vendiendo banderas de Nicaragua a los manifestantes antigubernamentales, fue declarado culpable de entorpecimiento de servicios públicos, amenazas de muerte y tenencia ilegal de armas de fuego, informó su abogado defensor.
La titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, Nalía Úbeda Obando, consideró suficiente para incriminar al comerciante, de 39 años, los testimonios de tres hombres que afirmaron haber sido amenazados de muerte por Cuevas Poveda en un bloqueo de vía en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua.
El abogado del condenado, Norvin Cruz, denunció a periodistas que ese juicio, que se celebró a puertas cerradas, estuvo plagado de ilegalidades y se dictó un fallo de culpabilidad sin existir pruebas.
Sostuvo que el único «delito» de su defendido fue vender banderas de Nicaragua, uno de los símbolos de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que lo hacía para mantener a sus dos hijos menores de edad.
La Fiscalía pidió tres años de cárcel por amenazas con armas, dos años por entorpecimiento del servicios públicos y un año por porte o tenencia ilegal de armas de fuego, para totalizar seis años.
La defensa solicitó las penas mínimas de seis meses de cárcel, por cada delito, que suman un año y seis meses.
La jueza Úbeda Obando anunció que el próximo 7 de noviembre leerá la lectura de la sentencia condenatoria.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 528 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las protestas callejeras contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
