Daniel Ortega ordenó a las Naciones Unidas abandonar Nicaragua
Con información de EFE
El Gobierno de Nicaragua informó hoy que dio por concluido el trabajo de una misión de la ONU en medio de la crisis que atraviesa este país y que ha causado entre 322 y 448 muertos desde abril pasado, tras un duro informe en el que señala al Estado nicaragüense como el principal responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
“Este Ministerio (de Relaciones Exteriores) comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita” a partir del 30 de agosto de 2018, señaló el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta dirigida a la representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Marlene Alejos, y divulgada este viernes por el Ejecutivo sandinista.
La misión de la Acnudh llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que estalló en abril, y el miércoles pasado emitió un informe en que denunció el “alto grado de represión” estatal en las protestas contra el Gobierno, en las que se han registrado “más de 300 muertos y 2.000 heridos”.
El canciller Moncada afirmó que mantendrán una “relación normal” con la Acnudh y seguirán “las vías normales que hemos tenido siempre mediante la representación permanente de nuestro país en Ginebra”.
Ese organismo, que en su informe acusa al Gobierno de Ortega por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”, entre otras violaciones a los derechos humanos, anunció que hará un seguimiento en la distancia de Nicaragua.
“La Acnudh proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado”, señaló el organismo.
Además, instó al Gobierno a seguir las recomendaciones del informe, que fundamentalmente consisten en suspender toda violencia contra los derechos humanos, buscar la verdad, y la rendición de cuentas.
El coordinador de la misión de la Acnudh, el peruano Guillermo Fernández Maldonado, dijo a periodistas que abandonarán Nicaragua este sábado.
La decisión del Gobierno fue criticada por organismos humanitarios internacionales y locales, que lo calificaron como una “expulsión”.
“El Gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, al respecto.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, tildó de “inaudita” la decisión del Gobierno de Ortega que, a su juicio, busca evitar que el caso de Nicaragua sea tocado el 5 de septiembre próximo en el Consejo de Seguridad de la ONU, y advirtió de “más represión contra los nicaragüenses”.
“Denunciamos que la dictadura de Ortega insiste en mantener el camino de la violencia y la confrontación, no solo dentro del país, sino con todos los países del mundo, sin medir lo que significa el aislamiento total de su Gobierno y por su causa, del mismo país”, denunció, por su lado, el opositor Frente Amplio Democrático (FAD).
“Esta deplorable decisión, que solo viene a confirmar ante el mundo la gravísima situación de violación de los derechos humanos en Nicaragua, es también una muestra del aislamiento internacional del régimen actual y de su falta de adecuación a las normas de convivencia que rigen a la comunidad internacional”, indicó, por su parte, el partido opositor Ciudadanos por la Libertad.
Ese colectivo hizo un llamado a los órganos y Estados miembros de las Naciones Unidas a adoptar todas las acciones internacionales necesarias en el ámbito bilateral y multilateral para exigir al Gobierno de Ortega “el cese de las violaciones a los derechos humanos y la represión contra el pueblo que respaldó las protestas iniciadas en abril”.
También “el restablecimiento de la democracia permitiendo elecciones libres donde los nicaragüenses podamos cerrar, con nuestro voto, este capítulo oscuro de la historia patria”, agregó.
“La decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a la delegación de la ONU desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad nicaragüense”, dijo en sus redes sociales el obispo auxiliar de la diócesis de Managua, Silvio Báez.
Medio centenar de ONG de América dijeron que en Nicaragua se han roto “los más esenciales valores democráticos” y que la crisis del país, con la muerte de centenares de personas en protestas contra el Gobierno, debe ser abordada por el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo miércoles.
A juicio de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, “la actitud de Nicaragua frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el Gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis” que afronta desde el pasado 18 de abril, cuando estallaron las protestas civiles.
