Cuba niega que esté procesando a manifestantes en juicios sumarios
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Las máximas autoridades de la Justicia y la Fiscalía cubana negaron este sábado que se esté procesando en juicios sumarios a detenidos por las protestas del 11 de julio y confirmaron que hay menores bajo investigación que de resultar condenados recibirán sanciones con «tratamiento diferencial».
«No son procedimientos sumarísimos. La mayoría de los países tienen procedimientos abreviados para los delitos menores», dijo en una conferencia de prensa en La Habana el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro.
Familiares de detenidos en las manifestaciones como el joven cineasta Anyelo Troya denunciaron esta semana que se están llevando a cabo supuestos juicios sumarios en los que algunos encausados no cuentan con un abogado y los allegados no reciben información o lo hacen cuando el juicio ya se ha celebrado.
Hasta ahora delitos menores
El presidente del TSP explicó, en relación con los procedimientos relacionados con las protestas, que a los tribunales han llegado hasta ahora «sobre todo delitos de menor entidad» como desorden público, lesiones leves o desacato, que tienen previstas desde sanciones administrativas o multas hasta penas de un año de prisión.
De momento se han celebrado 19 procesos judiciales que involucraron a 59 personas, señaló.
«Se tramitan por procedimientos más expeditos y ágiles pero no por ello están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa», dijo el alto funcionario, quien agregó que en estos casos la ley permite que el acusado decida si nombra o no a un abogado.
Ferro insistió en que la justicia cubana «cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales» en la materia y criticó que «ha habido el propósito de desacreditar la legitimidad, independencia e imparcialidad con que actúan los tribunales y los jueces cubanos».
«El hecho de que juicios sean más cortos no significa que no se respeten las garantías procesales», acotó por su parte la fiscal general de Cuba, Yamila Peña.
A la vez, en tanto van llegando a los tribunales los juicios por delitos menores, la Fiscalía mantiene abierta la investigación de «un grupo de hechos de extrema violencia y gravedad» en los que «se pretende determinar la responsabilidad de cada persona».
Aún sin cifras oficiales
Casi dos semanas después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la isla las autoridades no han divulgado la cifra oficial de detenidos o procesados, por lo que la única referencia son los listados que grupos de activistas y organizaciones independientes están recopilando y haciendo circular en las redes sociales.
La ONG de abogados Cubalex, por ejemplo, ha difundido un listado preliminar de detenidos que a 21 de julio recogía 584 nombres, de los que se verificó la detención de 150 y la liberación de 91.
En esos listados aparecen varios menores de edad de entre 15 y 17 años, entre ellos una joven de 17 años, Gabriela Z., que según ha declarado su familia a medios independientes fue condenada a ocho meses de prisión por desorden público.
Sobre la detención y procesamiento de menores, Rubén Remigio Ferro recordó que la edad penal en Cuba son los 16 años, pero precisó que cuando se juzga y condena por la vía penal a jóvenes de 16 a 20 años «hay procedimientos especiales, tratamiento diferencial según el Código Penal» y lo establecido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
«Ha habido algunos menores, se está investigando. Son pocos y estamos evaluando», indicó la fiscal general sobre este tema.
LA AMNISTÍA CORRESPONDE AL GOBIERNO
Respecto a las voces que solicitan desde dentro y fuera de Cuba una amnistía para los detenidos en las protestas, el presidente del TSP consideró que se trata de una decisión política que corresponde al Gobierno y «tiene su momento».
«Los procesos están en curso y está la opción del recurso. En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas», recalcó, en tanto la fiscal general apostilló que «no es lo que corresponde» ya que las investigaciones aún están en desarrollo.
Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad, lo que empujó a los cubanos a salir a las calles para criticar a su Gobierno.
Las autoridades por su parte, insisten en culpar a EEUU tanto de las manifestaciones como de la extrema escasez que sufre el país.
