Crisis en justicia colombiana por la no extradición de exmiembro de las Farc
EFE
El enfrentamiento entre la Fiscalía General de Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desembocó este miércoles en una inédita crisis jurídica que llevó a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal, ahondando la polarización política existente en torno al acuerdo con las FARC.
En el centro de la controversia está la solicitud de extradición a Estados Unidos del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», detenido desde el 9 de abril de 2018 bajo la acusación del delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz y que fue denegada hoy por la JEP con el argumento de que «por falta de pruebas no pudo evaluarla».
«La JEP considera que con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización», manifestó el tribunal de justicia transicional en un comunicado en el que explicó su decisión.
Con base en ello, ordenó a la Fiscalía «disponer la libertad inmediata» del detenido.
Según la JEP, «el Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas y en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición».
El acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 estableció que delitos comunes como el narcotráfico cometidos hasta esa fecha por miembros de las FARC no serían llevados a la justicia ordinaria pero sí aquellos posteriores al 1 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigor el pacto que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado con esa guerrilla.
Por eso la JEP aplicó «la garantía de no extradición» ya que, según explicó, la documentación remitida por el Departamento de Justicia de EE.UU. y por la Fiscalía no permite establecer la veracidad de la acusación de que Santrich tenía un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país, y menos si ocurrió después del acuerdo definitivo de paz.
Hace trece meses, cuando anunció la detención de Santrich, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el fiscal general tenía «pruebas contundentes y concluyentes» de la participación del exjefe de las FARC en delitos de narcotráfico.
Por eso el fallo de este miércoles fue mal recibido por el fiscal general, que minutos después sorprendió con el anuncio de su renuncia al cargo, que ocupaba desde el 1 de agosto de 2016, decisión que fue secundada por la vicefiscal general, María Paulina Riveros, quien dimitió a continuación.
«Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación», manifestó Martínez en un comunicado leído a la prensa.
El fallo favorable a Santrich y la consecuente renuncia de la cúpula de la Fiscalía llevó al presidente de Colombia, Iván , a convocar una reunión de emergencia en la Casa de Nariño con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y los ministros de Interior, Defensa y Justicia, entre otros funcionarios, para analizar la situación y una vez concluya dará una declaración al país.
La embajada de Estados Unidos tampoco se ha manifestado al respecto.
El fiscal, que se había empeñado en sacar adelante la extradición de Santrich, afirmó que con su fallo, la JEP «adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía» y «hace trizas la cooperación judicial internacional».
Según dijo, la decisión de la JEP además «confronta abiertamente la Constitución Política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia».
Por eso, instó a los colombianos «a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz», un llamamiento que algunos interpretaron como una invitación a convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna y recorte los poderes de la JEP.
Mientras tanto, sus críticos lo acusaron de usar el caso de Santrich para desviar el foco de la opinión pública del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, en el que ha sido señalado de no actuar con la debida firmeza por tener conflictos de intereses ya que trabajó para Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico del país, y dueño de una de las empresas que está involucrada en la trama.
«Se va el fiscal de Odebrecht/Sarmiento. Terrible historia escribió en la historia de las instituciones de la Justicia», opinó en su cuenta de Twitter el senador y excandidato presidencial de izquierdas Gustavo Petro, uno de los más encarnizados críticos de la gestión de Martínez.
Petro calificó de «excelente noticia que un corrupto se vaya» y dijo esperar que «Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto», en referencia a la elección del sucesor de Martínez, que saldrá de una terna que el presidente tendrá que presentar al Supremo.
