Criminalizar apoyo de Felipe González podría suponer sanciones para Venezuela
La defensa judicial del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, asegura que es legal la actuación del español, Felipe González, quien ha aglutinado a su alrededor a importantes ex jefes de Estado para interceder por la liberación de los diferentes presos políticos en Venezuela.
A juicio de Omar Estacio, José Fernando Núñez y Antonio Sierralta Quintero, defensores de Ledezma, son incomprensibles las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno venezolano por la incorporación del ex presidente de España y abogado, Felipe González, al equipo de la defensa del Alcalde Metropolitano.
Aseguran que «hay varias vías, todas legales», que respaldan la actuación de González. En las leyes venezolanas se prevé que letrados extranjeros puedan ejercer en el país sin necesidad de reválida. De igual manera sostienen que está la figura de consultores técnicos, abogados o no, para asistir a cualquiera de las partes en los procesos judiciales. Además, está la defensa ante organismos internacionales, que posibilita, por ejemplo, que un nacional de España pueda ser asistido por abogado venezolano o viceversa. En tales supuestos consideran que «no hay violación a ninguna soberanía como se quiere hacer ver por funcionarios del Gobierno».
Ante el intento de criminalizar la incorporación de Felipe González al grupo de representantes de los presos políticos, Estacio, Núñez y Sierralta Quintero dicen estar preparados para activar los parámetros que sean necesarios de acuerdo a las circunstancias y aseguran que serán anunciados en su momento.
«Emplear epítetos contra el señor González, insultarlo, intentar vejarlo o intimidarlo, por el solo hecho de haber expresado su disposición a defender, con apego a la ley venezolana, a un grupo de presos políticos, expone a nuestro país, a sanciones de Naciones Unidas, situación que la defensa de Antonio Ledezma sería la primera en lamentar», finalizaron.
Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados en el marco de las Naciones Unidas (A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118, 1990), establecen que «los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar sus funciones profesionales, sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas».
Cabe destacar que hasta la fecha, el grupo de ex jefes de Estado que acordó defender a Antonio Ledezma y a los presos políticos ya suma nueve exmandatarios: Felipe González y José María Aznar (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Felipe Calderón (México), Alan García y Alejandro Toledo (Perú).
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