Crece presión al Tribunal Constitucional peruano para que evalúe cierre del Congreso

EFE

Las presiones al Tribunal Constitucional (TC) peruano para que acepte evaluar la demanda opositora contra el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones dispuesta por el presidente Martín Vizcarra crecieron este viernes con un pedido expreso de la Defensoría del Pueblo de Perú para que asuma el caso.

Mediante el «Informe Defensorial sobre la crisis política, cuestión de confianza y disolución del Congreso», la entidad señala que el alto tribunal, máximo intérprete de la Constitución peruana, «no puede prescindir de su labor de resolver este conflicto», y que por tanto debe ser «flexible» a la hora de aceptar el espinoso trámite pese a los problemas formales que eso supone.

QUÉ DEBE DECIDIR EL TC

El presidente de la comisión permanente del Congreso, Pedro Olaechea, principal opositor al cierre del parlamento que se produjo el pasado 30 de septiembre, presentó ante el TC una demanda de competencia para que ese organismo se pronuncie sobre la legitimidad o no de la decisión del Gobierno.

Sin embargo, legalmente Olaechea no está habilitado para presentar demandas a ese tribunal, ya que solo el pleno del Congreso puede autorizar una medida de esas características.

Y como el pleno no puede reunirse, porque ya fue suspendida la cámara, la iniciativa de Olaechea sería ilegal e incluso constituiría según el Ejecutivo, un delito de «usurpación de funciones».

Olaechea presentó la demanda en simultáneo con otro pedido para que el TC incluyera entre sus miembros al jurista Gonzalo Ortíz de Zevallos, su primo hermano, y a quien el Congreso votó como miembro del tribunal en la controvertida sesión que desencadenó la crisis y la disolución de la cámara.

QUÉ PIDE LA DEFENSORÍA

«Cerrar el Congreso es el acto más dramático, más perturbador, en el sistema democrático. La Defensoría no está diciendo que eso esté bien o esté mal. Decimos que lo que define una democracia es la división de poderes y el control del poder solo estamos dispuestos aceptarlo como ciudadanía si se hizo bien», explicó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en una entrevista a un medio local.

Gutiérrez, que fue elegido por el Congreso hoy disuelto en 2016, y quien en un primer momento se refirió a la disolución como «golpe», si bien luego matizó sus palabras, pide en su informe que el TC asuma el caso aplicando un «principio de elasticidad» y que flexibilice así «los requisitos y exigencias formales de los procesos constitucionales».

Pidió también a los jueces que tomen una decisión que sirva para «pacificar y ordenar las relaciones entre los poderes públicos» y que tenga en cuenta la «previsión de consecuencias» y valore el impacto que pueda tener su decisión en la institucionalidad del país.

Asimismo, solicitó al tribunal que «encuentre una solución» para temas como los «los límites a los decretos de urgencia» emitidos por el Gobierno mientras el Congreso está suspendido o las competencias legales que tienen la comisión permanente del Congreso.

QUÉ DICE EL GOBIERNO

Para Olaechea y los opositores encabezados por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, Vizcarra no estaba facultado para disolver el Congreso porque en ningún momento el parlamento rechazó expresamente una moción de confianza que había presentado ese mismo día.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que la disolución fue constitucional porque el Legislativo hizo caso omiso a las condiciones puestas por el Ejecutivo para votar la confianza y que, por lo tanto, constituyó una «negación fáctica» de la moción.

El Gobierno defiende esta tesis y por tanto defiende también que no hay necesidad de una interpretación del TC.

También opina que en cualquier caso, el TC es libre de emitir un dictamen, siempre que el proceso se ajuste a la norma, y que aceptará sea cual sea la decisión que tome el tribunal.

QUÉ PASARÁ AHORA

El 17 de octubre pasado el Tribunal Constitucional emitió por primera vez una opinión en la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo y rechazó el pedido de nombrar como magistrado a Ortiz de Zevallos, lo que supuso el primer golpe del tribunal a la oposición.

Sin Ortiz de Zevallos en el TC, el interés opositor en una decisión del organismo pareció declinar, ya que la percepción mayoritaria es que cuatro de los siete magistrados de la sala favorecerían la posición del Ejecutivo.

El TC decidirá el próximo día 29 si admite o no a trámite la demanda de Olaechea.

No se discutirá el fondo del caso, sino si cumple los parámetros técnicos y legales para poder ser admitida.

Si la respuesta es positiva, se iniciaría un proceso en el TC que podría demorar entre tres y cuatro meses, un período en el que lo más probable es que ya haya un nuevo Congreso votado por la ciudadanía en las elecciones previstas para el 26 de enero de 2020.

En ese caso se le podría dar la razón al Gobierno, a la oposición, o que el TC opte por emitir una resolución que pueda zanjar posibles crisis similares a futuro pero que acepte una solución de hechos consumados.

ESTRATEGIA OPOSITORA

Como todo parece indicar que incluso con una resolución del TC a favor, no se podrá revertir la situación y habrá nuevas elecciones, la oposición maniobra ya para presentarse al nuevo Congreso.

En ese sentido, han aparecido grupos como el denominado Coordinadora Republicana, conformada por exministros, ex jueces y empresarios, todos vinculados a la derecha política, que denuncia el «embate autoritario» de Martín Vizcarra y su intento de imponer «un modelo dictatorial» al que relación con Nicolás Maduro en Venezuela.

«¡El Perú no transitará por los caminos de Venezuela ni de otras autocracias latinoamericanas!», afirmaron el jueves durante una presentación pública en la que pidieron a las fuerzas opositoras a Vizcarra que consideren «decisivas» las elecciones de enero.