Covid endurece cuarentena de la libertad de expresión en Venezuela
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El pasado 21 de marzo, el periodista venezolano Darvinson Rojas comenzó su peculiar calvario, al ser detenido junto a sus padres. La acusación, incitar al odio. El delito, difundir cifras de contagiados por COVID-19, un ejemplo más de cómo la pandemia ha incrementado el cerco a la libertad de expresión.
«Yo estuve detenido doce días, me imputaron los delitos de instigación al odio e instigación pública simplemente por dar información acerca de la COVID-19 en Venezuela, específicamente, datos suministrados por fuentes oficiales, alcaldes y gobernadores», recuerda Rojas, de 26 años, a Efe.
No lo hizo en un medio de comunicación, sino a través de su cuenta de Twitter, donde difundió los datos facilitados por el gobernador del céntrico estado Miranda, Héctor Rodríguez, y del alcalde de Los Salias, José Fernández, que contradecían, según afirma, los que había facilitado el Gobierno.
EN BUSCA DE LA COVID-19
La mayor sorpresa cuando se presentaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía en su residencia familiar fue que afirmaron buscar a un sospechoso de estar contagiado por COVID-19.
Tras denunciar el caso en sus redes sociales, abrió la puerta a los funcionarios de las FAES, que entraron al domicilio y arrestaron a Rojas, a quien solo horas después le confirmaron que le buscaban por difundir datos sobre la pandemia.
Entre tanto, se llevaron «computadoras, teléfonos y tabletas» del periodista como de sus familiares.
«Esta detención se lleva a cabo, simplemente, por dar datos de COVID-19 en el estado Miranda, cifras que, según el Ministerio Público, fueron publicadas de manera falsa para generar zozobra en la población y desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro», explica Rojas, todavía sorprendido del revuelo por unos datos que obtuvo de fuentes públicas, locales y regionales.
Tras su caso, se han multiplicado las detenciones de periodistas.
Pero en esta ocasión, no han sido solo trabajadores de los medios. La escalada de la presión ha llevado al arresto de 21 personas desde el inicio de la pandemia, entre los que hay médicos que denunciaron en sus redes sociales la situación real que viven, según la ONG Espacio Público.
UNA LEY «CONTRA EL ODIO»
El origen de estos arrestos está en una polémica Ley contra el Odio, que no fue aprobada por el Parlamento sino por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un organismo compuesto solo por chavistas que ha asumido de facto todas las tareas legislativas.
La norma fue denunciada por numerosas organizaciones que defienden la libertad de expresión y el derecho a la información, una alerta que reitera el director de Espacio Público, Carlos Correa, para quien esta ley «tiene son unas sanciones muy generales, es decir, tipifica como delito el odio de manera muy general y tiene sanciones muy duras de 10 a 20 años».
«Es una norma muy dura que castiga más de lo que castiga el código penal a un homicidio. Es una norma imprecisa y vaga, con sanciones muy fuertes que se está haciendo de manera recurrente y con mucha fuerza», explica Correa a Efe.
Pese a que la Ley contra el Odio fue aprobada en 2017, no se había comenzado a utilizar hasta el inicio de la pandemia, por lo que, para Correa, la COVID-19 está sirviendo como excusa para el «aumento de los casos de persecución criminal» contra periodistas y ciudadanos que replican informaciones críticas con el Gobierno.
«Se está persiguiendo a periodistas pero también a médicos, líderes sindicales por sus (publicaciones en) redes sociales, también de Whatsapp. Hay casos que se han perseguido a personas por cosas que publicaron en su estado de Whatasapp», detalla.
La «COVID permite un ejercicio mas arbitrario del poder», agrega al ser preguntado acerca de por qué se usa ahora esta ley.
EL MIEDO COMO SÍNTOMA
Todo ello ha generado un ambiente de miedo a publicar en redes sociales, pero también a realizar la labor periodística, un temor que crece cuando las autoridades, con Nicolás Maduro a la cabeza, utilizan el estrado que le dan los canales y emisoras públicas para atacar a reporteros y medios de comunicación.
Esos ataques, sin derecho a réplica, son reiterados por los trabajadores de los medios públicos que dedican espacios enteros para criticar la labor de los periodistas en Venezuela.
Todos esos ataques suponen para Correa un «discurso crítico ilegítimo en relación a los medios de comunicación» porque no se basa en decir «no me gusta el trabajo que tu haces».
«Está diciendo que eres un traidor y que estás en contra del Estado venezolano, en contra de la patria, te ubica como enemigo y tiene un correlato después cuando los periodistas están en la calle. Lo que se está diciendo desde la máxima autoridad (a la Policía) es ‘estos señores son enemigos y puedes hacer lo que quieras'», sostiene el director de Espacio Público.
Es recurrente la orden de policías a periodistas de desbloquear sus teléfonos para que ellos puedan ver todo tipo de información privada guardada en el equipo, desde mensajes de whatsapp, publicaciones en redes sociales o correos electrónicos, información que no dudan en fotografiar y archivar en sus propios celulares.
Todo ello sin orden judicial mediante y contra los principios de inviolabilidad de las comunicaciones privadas recogidos por la propia Constitución.
La presión se percibe en las calles y pocos equipos periodísticos se ha librado de retenidos de forma arbitraria en las calles e interpelados, como le pasó recientemente a un equipo de una agencia internacional, por funcionarios del FAES que les acusan de ser «escuálidos», nombre despectivo para referirse a la oposición, o les preguntan directamente a quien «sirven».
LOS MÉDICOS, EN EL PUNTO DE MIRA
Otro de los casos que ha documentado Espacio Público es la persecución a médicos que, en primera línea contra la COVID-19, «están siendo muy castigados», explica Correa.
Contrastar informaciones con trabajadores de la salud es una tarea casi imposible, pero el miedo también ha cundido entre ellos.
Una fuente médica aseguró a Efe, bajo la premisa del anonimato, que las autoridades están amenazándoles con despedirles si publican informaciones sensibles sobre la situación que viven los hospitales.
«Tenemos varios casos de médicos detenidos nada más por alzar su voz de protesta. El que habla lo meten preso», asegura esa fuente.
La amenaza no termina ahí, pues, según dicha fuente, también les advierten que les anularán sus títulos si renuncian por las presiones o por las malas condiciones en las que, aseguran, deben trabajar.
Un panorama en el que la apelación a la difusión del «odio» es la excusa para poder incrementar la presión sobre la información.
