Corresponsales extranjeros en Colombia rechazan espionaje del Ejército
EFE
La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) rechazaron este sábado «la interceptación ilegal y seguimiento a periodistas» por parte del Ejército denunciada por la revista Semana.
Según una investigación publicada por el semanario, miembros de inteligencia militar espiaron hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales y extranjeros que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción militar.
«Manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas, interceptaciones y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por parte del Ejército colombiano», aseguraron en un comunicado conjunto las dos organizaciones.
Los periodistas consideran que esas actuaciones «constituyen graves violaciones al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución Política de Colombia».
Semana reveló que el Ejército elaboró perfiles de periodistas nacionales e internacionales que incluyen gráficos sobre sus contactos, movimientos, publicaciones e incluso de sus seguidores en las redes sociales.
La denuncia, construida a partir de la investigación y análisis de decenas de documentos y entrevistas, reveló que el espionaje tuvo lugar entre febrero y diciembre de 2019, cuando el comandante del Ejército era el cuestionado general Nicacio Martínez, que pasó a retiro a finales de ese año.
PIDEN GARANTÍAS DE SEGURIDAD
La APIC y RSF solicitaron garantías de seguridad para los periodistas Federico Ríos, Nicolás Bedoya, Juan Forero, Andrés Cardona, Stephen Ferry, Christian Escobar, Ernesto Mercado y los demás mencionados en la investigación.
Las asociaciones pidieron lo mismo para la Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto, dos medios de comunicación alternativos enfocados en temas de memoria del conflicto armado y víctimas.
Según las organizaciones, tanto el Ministerio de Defensa como el Gobierno Nacional conocían desde al menos el 13 de enero pasado «de estas acciones contrarias a la ley y nunca informaron de la situación a los directos afectados».
SOLICITAN DETALLES DE LA OPERACIÓN
También pidieron al Ministerio de Defensa que revele qué unidad realizó las labores de inteligencia, bajo qué órdenes, con qué fines y quiénes eran los destinatarios de dicha información.
Además, pidieron a la autoridad que entregue a los periodistas afectados una copia total del contenido interceptado y que se les notifique las acciones que tomarán las autoridades para que cesen estas prácticas.
El viernes, horas antes de que Semana publicara la investigación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la desvinculación del servicio activo de 11 oficiales y el retiro voluntario de un brigadier general, como parte de las investigaciones por las denuncias que hizo la misma revista enero.
La APIC y RSF también solicitaron a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que lleven a cabo las investigaciones y sanciones a que haya lugar.
