Controversia en Colombia por versiones sobre muerte de exguerrillero de FARC
EFE
La muerte de un exguerrillero de las FARC genera controversia este domingo en Colombia debido a que según el Ministerio de Defensa falleció al recibir un disparo accidental por parte de un miembro del Ejército, pero para la comunidad se trata de una ejecución extrajudicial en la que, además, le fueron mutilados los genitales.
El hecho ocurrió el 22 de abril en la aldea Campo Alegre, del municipio de Convención, que hace parte del departamento de Norte de Santander y en donde hay una fuerte presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, bandas criminales y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda narcotraficante.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó dos días después que un cabo del Ejército bajó por un caño en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para unirse al grupo encargado de custodiar el oleoducto que pasa por la zona cuando se encontró con el exguerrillero Dimar Torres, quien al parecer intentó quitarle el fusil.
«En la refriega se disparó el fusil, esta persona quedó herida y posteriormente falleció», explicó Botero a periodistas.
Al ser informado de lo ocurrido, el Ejército Nacional asignó «equipos multidisciplinarios para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió» la muerte de Torres, según un comunicado de la institución.
La versión de Botero contrasta con las de los lugareños y la del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se creó tras la desmovilización de las FARC en 2016.
Según el senador del partido FARC Carlos Lozada, que denunció «el asesinato de un exintegrante de las milicias», tras la desaparición de Torres los habitantes de la aldea ingresaron a un campamento del Ejército y «encontraron la fosa que los soldados estaban cavando para enterrar a este compañero y luego hallaron también el cadáver dentro del predio».
Por lo anterior, exigió al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, «plenas garantías» para quienes dejaron las armas con el propósito de que puedan hacer adecuadamente su proceso de reincorporación.
Al respecto, Botero señaló que desconoce si el Ejército intentó ocultar el cuerpo y agregó que será la Fiscalía la encargada de aclarar si el hecho es o no un homicidio.
El militar «quedó a disposición de la Fiscalía para eventualmente responder. La argumentación del cabo es que esta persona intentó arrebatarle el fusil y que él no se dejó», comentó el ministro.
La historia cobró aún más relevancia la noche de ayer, cuando el noticiero de televisión Noticias Uno dio a conocer imágenes grabadas por los vecinos del exmiliciano cuando encontraron el cuerpo.
«El cadáver tenía claros signos de castración. Su órgano sexual cortado fue puesto encima de su pecho», indicó el informativo.
Ante la controversia y debido a que desde la firma de la paz han sido asesinados 129 exmiembros de las FARC, la Comisión de Paz del Congreso viajó ayer al Catatumbo para dialogar con la comunidad y las autoridades.
En la zona, más de 100 personas se hicieron presentes en una audiencia pública en la que el general Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, de la que hace parte el militar implicado en el hecho, pidió perdón.
«Lo lamento desde lo más profundo. No es suficiente pero estoy aquí, yo me regalé para estar acá y no como dijeron algunos de que como mataron a un civil vine. Es que no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas», sostuvo Villegas.
El uniformado precisó que lo ocurrido «no es una acción militar» y que no está tranquilo con lo que pasó, por lo que se comprometió a hacer «todo lo necesario para que la Fiscalía demuestre qué fue lo que hizo, por qué lo hizo y quién lo hizo. Que diga la verdad y que pague por lo que hizo».
Tras la jornada, el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz, indicó que el hecho «no fue accidental» sino un «homicidio en persona protegida o ejecución extrajudicial», por lo que serán la Fiscalía y la justicia ordinaria las encargadas de determinar «las responsabilidades individuales».
Asimismo, aclaró que las versiones sobre violación o mutilación de los genitales de la víctima «no parecen tener sustento probatorio».
Por su parte, el senador Iván Cepeda precisó que se intentó desaparecer a Torres porque «efectivamente hay una fosa en donde al parecer se iba a enterrar».
Lo anterior, comentó, deja ver que «se trata de una ejecución extrajudicial, intento de desaparición, y crimen contra el acuerdo y el proceso de paz».
Para tratar de darle claridad a la situación, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que los detalles del hecho se conocerán esta semana.
«Hicimos todas las pruebas de balística con expertos que viajaron desde la ciudad de Bogotá, obtuvimos todas las pruebas testimoniales en el lugar de los hechos. Tenemos todos los elementos para tomar decisiones en el transcurso de dos o tres días», aseveró Martínez.
