Contraloría ve responsabilidad penal de Correa en gestión irregular de deuda
Fuente: EFE
La Contraloría de Ecuador remitió hoy a la Fiscalía un informe en el que apunta una «responsabilidad penal» del expresidente Rafael Correa y varios exfuncionarios por irregularidades en la gestión de la deuda pública, uno de los temas al que el actual Gobierno achaca la difícil situación económica del país.
Ante el informe, la decisión de abrir una investigación al exmandatario corresponde a la Fiscalía, que deberá establecer si los indicios de responsabilidad hallados por la Contraloría son procedentes.
En un segundo informe sobre la deuda ecuatoriana, que en este caso incluye la colocación de Certificados de Tesorería (CETE), el contralor Pablo Celi dice haber descubierto indicios de responsabilidad penal en su manejo durante el Gobierno de Correa (2007-2017)
«Contiene observaciones que involucran a un conjunto de funcionarios, entre otros, al expresidente de la República, a exministros de Economía y Finanzas, al exministro Coordinador de Política Económica, a la Secretaría Nacional de Planificación, a gerentes generales del Banco Central», manifestó hoy el contralor.
Los CETES son obligaciones internas con las que la Hacienda ecuatoriana suele buscar liquidez a corto plazo, en este caso frente al Banco Central ecuatoriano, al que pidió dinero para afrontar otros compromisos de deuda interna.
Este mecanismo tiene unas restricciones descritas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) que, según el informe realizado por el contralor sobre el período 2016 y 2017, fueron violadas.
Entre otras menciona que las obligaciones depositadas fueron colocadas a más de 365 días, a que no fue registrada como deuda y a que se realizaron con carácter secreto.
El monto de la deuda dejada por el Gobierno de Correa, que estuvo al frente del país entre 2007 y 2017, es uno de los asuntos más sensibles en la política ecuatoriana, y desde el año pasado alimenta un enfrentamiento entre él y su sucesor, Lenín Moreno, que le acusa de haber dejado al país en una difícil situación económica.
Ante la posible apertura de una nueva investigación en su contra, Correa, que reside en Bélgica, dijo en Twiiter que «sigue el payaso y la payasada», refiriéndose al contralor.
«¿Hasta cuándo aguantará esto el pueblo ecuatoriano?. ¿Por qué la prensa no comienza pidiendo el nombramiento legal del «contralor»? Todo es cuestión de tiempo», dijo Correa sobre el hecho de que Celi aun no haya asumido sus funciones de forma oficial.
Sobre el exmandatario pesa una orden de arresto de la Justicia ecuatoriana por no comparecer la semana pasada ante la Corte Nacional de Justicia, que le requirió presentarse cada dos semanas por su implicación en el secuestro de un político opositor en Colombia en 2012.
Debido a que Correa reside en Bélgica desde 2017 y se niega a regresar al país por considerar que hay un «complot político» contra él, Ecuador ha solicitado a la Interpol su arresto y extradición, una petición a la que la organización internacional aun no ha respondido. EFE
