Constitucional de Guatemala anula la pena de muerte de cinco delitos
EFE
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente.
En una resolución con fecha de 24 de octubre dada a conocer hoy, el máximo tribunal jurídico del país acepta una acción general parcial de inconstitucionalidad promovida por Jose Alejandro Valveth Flores y Marlon Estuardo García Robles, y suma estos cinco delitos al de asesinato, que ya declaró inconstitucional en marzo de 2016.
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.
En ese mismo inciso se regula que es el Congreso el que podrá «abolir» este castigo.
La resolución de la Corte, que además de los cinco delitos afecta a dos artículos de la Ley contra la Narcoactividad, señala que empezará a surtir efecto al día siguiente de la publicación del fallo en el Diario de Centro América (oficial) y utiliza como argumentos para su decisión contradicciones con acuerdos internacionales de derechos humanos.
El secretario del Constitucional, Martín Guzmán, explicó que entre los supuestos que se anulan están justificaciones como la «peligrosidad», que no se puede evaluar, o que delitos se establecieron después de que Guatemala ratificara el Pacto de San José.
Cuestionado por si se puede aplicar ahora la pena de muerte de Guatemala, dijo que en un análisis preliminar realizado se estableció que «prácticamente» ya no hay delito que contemple este castigo.
Como el Estado de Guatemala, que ejecutó por inyección letal a dos secuestradores en el año 2000 por última vez, no ha restablecido la plena vigencia de este recurso de gracia, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha conmutado la pena de muerte por la máxima pena de prisión a los reos que así lo han solicitado.
En lo que va de año, varios sectores se han posicionado a favor de reactivar este castigo argumentando que los últimos ataques armados y violentos no dejaban otra alternativa, y hasta se presentaron varias iniciativas de ley para tal propósito.
Amnistía Internacional (AI), una organización que desde 1977 lucha para poner fin a las ejecuciones, dijo en su último informe que en 2016 se ejecutó a 1.032 personas en todo el mundo, sin contar China, donde estos datos están clasificados como «secretos de Estado».
Más de las dos terceras partes del mundo, 141 países, son abolicionistas en la ley o en la práctica.
En América solo Estados Unidos practicó ejecuciones el año pasado. Y en Centroamérica, una de las regiones más pobres y violentas del mundo, solo Guatemala tiene la pena de muerte «retenida» y El Salvador «abolida en la práctica». El resto la ha derogado.
