Consecomercio: Local que es saqueado y desvalijado, no abre nuevamente
Con información de nota de prensa
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) cuestionó el saqueo y desvalijamiento de que fueron objeto varios establecimientos comerciales y prestadores de servicios este pasado 11 de abril en los Centros Comerciales Miranda y El Recreo, ubicados en los estados Miranda y Lara, respectivamente.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades centrales, estatales y municipales para que impidan hechos delictivos de esta naturaleza. Porque “comercio que es saqueado y desvalijado, no abre nuevamente”. O si lo hace, difícilmente será para funcionar en el mismo ramo en el que operaba anteriormente.
Consecomercio, además, llamó la atención sobre hechos adicionales: los saqueos no necesariamente guardan relación con actos de protesta popular. Casi siempre, son actos delictivos promovidos y desarrollados por delincuentes profesionales, que actúan al amparo de la ausencia e indiferencia de las autoridades.
Asimismo, se trata de acciones que generan un daño económico a los propietarios. Pero también se traducen en un irreversible efecto social en el sistema de vida de los trabajadores de dichos establecimientos, al perder sus puestos de trabajo. Como en el de los consumidores, que se ven obligados a cambiarse forzosamente de sitios de compra.
Inclusive, habría que añadir las repercusiones de la desaparición de dichos establecimientos en la tributación municipal y central.
Consecomercio recordó los “casos” de Cumaná y Ciudad Bolívar del año pasado. Y que terminaron convirtiéndose en “dolorosos episodios para el comercio y los prestadores de servicios, sin que hubiera habido una acción gubernamental acorde con la obligación de impedirlo”.
De igual manera, se refirió a otro problema que se ha convertido en “rutina”. Es el referente al saqueo del transporte de alimentos perecederos y no perecederos, y ante el que la única respuesta que se ofrece es que se trata de “hechos provocados por el hambre”.
Para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, en ninguno de los casos citados, es decir, en el de Guarenas en Miranda, y en el de Barquisimeto en Lara, Cumaná y Ciudad Bolívar, como en el del transporte, “el hambre no puede ser convertido en argumento para la promoción de hechos delictivos que terminan agudizando graves problemas sociales, como la escasez, el desabastecimiento y el desempleo.”
Tampoco, desde luego, aceptándolo como una posibilidad que se puede dar, para tomarlo como motivo dirigido a desvirtuar el legítimo reclamo popular ante las autoridades que, como servidores públicos, “están obligadas a ocuparse de atender las demandas de los ciudadanos, y a velar por el ejercicio de sus derechos constitucionales”.
Por otra parte, si no se evita el delito ni tampoco se castiga a quienes lo promueven con libertad, desde luego, lo que todavía sigue siendo un hecho relativamente aislado, pasará a convertirse en un propósito más en una protesta popular. “Y eso sería sintomático de que la anarquía también ha comenzado a propagarse en Venezuela”, estima Consecomercio.
