Conozca el drama de los jubilados venezolanos en el exterior

Agencias

Los jubilados venezolanos que viven en el extranjero han dejado de contar para Venezuela. Desde hace un año —y más en algunos casos— consultan a diario su saldo en el banco con la esperanza de haber recibido la pensión. Pero el ingreso nunca llega.

El organismo encargado de transferirlas al exterior dejó de enviar el dinero que se han ganado durante toda una vida de trabajo sin ningún tipo de notificación. Son miles en todo el mundo, 12.000 según cálculos de la Asamblea de Venezuela, controlada por la oposición, y asociaciones de venezolanos en el exterior. Más de la mitad de ellos vive en España, pero también hay una fuerte presencia en Estados Unidos, Canadá, Argentina o Italia. La Cancillería venezolana elude dar explicaciones sobre los impagos.

 Historias.

Ernesto Alegría, 84 años

María tiene hoy que hacer tres cosas: ir al banco, pedir comida en la iglesia y enterrar a su padre.

No necesariamente en ese orden.

El hombre que María va a enterrar esta tarde se llamaba Ernesto Alegría y era sastre de profesión. En los años 50 emigró a Venezuela para escapar de la España triste de posguerra. En América comenzó a trabajar en una gran empresa de confección de trajes para caballero y conoció a Inés Altuve, con la que a partir de ese momento tejió el resto de su vida.

María, la única hija de ese matrimonio, creció en un taller de costura que el matrimonio montó en Los Teques, a 25 kilómetros de Caracas.

El dinero, sin embargo, dejó de llegar. La familia no pudo afrontar el alquiler, al otro lado del teléfono comenzaron a amenazarlos con demandas. El nombre de María Alegría entró en los ficheros de morosos.

 Ernesto con su hija María y su esposa Inés, la Navidad pasada.

La brisa alicantina no curó al sastre. La espera de una pensión que no llegaba nunca lo hundió en la depresión. En septiembre, una neumonía lo llevó al hospital y los médicos advirtieron a la familia de que el final estaba muy cerca.

—¿Qué pasó, pagaron las pensiones? —preguntó desde la camilla, antes de entrar en la neblina que se lo llevaría para siempre.

—Sí papá, las cosas  se están solucionando. Quédate tranquilo, quédate tranquilo… —mintió María.

El 28 de octubre, el sastre murió.

María ha tardado una semana en poder enterrarlo. Su padre falleció en día festivo y, como ha conseguido que el Ayuntamiento se encargue del entierro, ha tenido que esperar a que abra la oficina municipal para llevar el cadáver de la morgue al cementerio.

Sin ceremonias. Solo su madre y ella, dos amigas de María y otras tres jubiladas venezolanas que se enteraron y fueron en solidaridad. El ataúd con los restos del sastre ha quedado en un nicho con una lápida de un material que podría ser plástico. Es provisional, hasta que la familia pueda pagar por una de verdad.

A las once de la mañana ya ha acabado todo. De camino a casa pasará por el banco para comprobar que, otro día más, no han recibido ninguna transferencia. En Cáritas le darán un kilo de arroz, leche, pasta, tomate frito, azúcar y una docena de huevos. Nada de carne ni fruta o verdura fresca.

Sí, lo volvería a hacer. María volvería a mentirle a su padre en el lecho de muerte. El viejo sastre merecía marcharse pensando que todo estaba bien.

Nadezka Medina, 71 años

Nadezka Medina es un manojo de nervios. Se le nota en las manos y en la cara de angustia, no puede disimularlo. Se quita las gafas para hidratarse los ojos con unas gotas que evitan que se le nuble la vista. Está en la sala de espera de las oficinas de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón y, cuando se anuncia el turno F-037, el suyo, reza en voz baja mientras se dirige a la mesa del funcionario que va a atenderla: “Padre nuestro, que estás en el cielo…»

—¿Usted ha trabajado aquí? —pregunta una funcionaria con tono cortante.

—Soy pensionista venezolana y no estoy recibiendo la pensión…

—Pues si ya tiene la pensión allí, aunque no la cobre nosotros no podemos hacer nada. Aquí le damos pensión si ha trabajado en España, si no ha trabajado no —responden desde el otro lado de la mesa, e informan secamente a Medina de que está en la ventanilla equivocada.

En realidad debería solicitar la renta mínima en la Oficina de Empleo, y no allí. Ha estado perdiendo el tiempo.

—Pero no soy la única, somos miles en esta situación… —replica la mujer, desorientada ante un entramado burocrático que no comprende.

Esta profesora jubilada de 71 años, que trabajó desde los 19 en su país, pasa la mañana de un organismo a otro para solicitar una ayuda económica que le saque del desamparo. Es rica en bolívares devaluados en su añorada Venezuela, pero en España, donde vive desde hace un lustro, depende de unas amigas para poder comer: le quedan 100 euros en el banco. Su abultada pensión está secuestrada al otro lado del Atlántico: 138.000 bolívares mensuales (unos 12.000 euros, al tipo de cambio preferencial de los pensionistas en el exterior) por cuatro ayudas distintas —dos de ellas por viudedad— que dejó de recibir a partir de julio de 2015.

En la Comunidad de Madrid residen al menos 1.220 jubilados venezolanos, según un documento oficial del consulado venezolano de enero de 2016. Muchos de ellos se han agrupado en la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos en la Comunidad de Madrid (ASOPEJUVECMA), que ha solicitado ayuda al Gobierno regional. En una reunión organizada por la administración el pasado 3 de octubre, varios funcionarios se limitaron a remitir a los asistentes —unos 200 afectados— a los requisitos generales para solicitar una pensión no contributiva, o una renta mínima que les proteja de la exclusión social a las que les condena su país.

Nadezka Medina vuelve a su casa, vacía. Hasta hace dos semanas, vivía con dos amigas venezolanas y las hijas de estas, que se han mudado para reunirse con otros familiares. “Había cinco personas, y ahora quedé en silencio”, dice Medina sentada en el sofá, frente a una mesita en la que destaca una Biblia negra que lee con frecuencia. En los últimos meses una de sus amigas la ayudaba con la comida, pero ahora ha tenido que pedir un préstamo rápido de 1.600 euros con un tipo de interés anual del 20% para abonar los dos últimos meses de alquiler. Unos intereses que rozan la usura. “No puedo seguir pidiendo préstamos. Tengo que dejar el piso porque no puedo pagar”. Por suerte, Medina puede mudarse a casa de su hija y tres de sus nietos. “Ahora es mi hija la que me va a ayudar”.

Ante la urgencia de su situación, Medina ha cambiado una parte de sus ahorros en bolívares por euros con el hijo de una amiga venezolana que se los traerá en su viaje a España. Eso, o viajar ella misma al país y traer el dinero en una maleta, son sus únicas opciones. La devaluación de la moneda nacional por la tasa de inflación más alta del mundo —del 180% en 2015, según el Banco Central de Venezuela— hace que, con un tipo de cambio en el mercado no regulado que en noviembre llegó a superar los 2.000 bolívares por euro, le llegue “una miseria”. “220.000 bolívares se han quedado en unos 200 euros [de acuerdo al tipo que operaba en octubre]”, afirma Medina, que habría obtenido una cantidad mucho mayor si la transacción se hubiera realizado a través del CENCOEX, que establece —o lo hacía cuando transfería las pensiones al extranjero— un tipo de cambio protegido (de unos 11 bolívares por euro) para los jubilados y estudiantes en el exterior. “Con ese tipo de cambio preferencial habría obtenido una cantidad de unos 20.000 euros”, asegura.