Conindustria asegura que es insostenible la nómina con la constante caída de la producción
Dulce María Rodríguez Núñez
Venezuela atraviesa la crisis económica más grave de su historia contemporánea y «necesita inmediatamente una rectificación profunda y un cambio de rumbo en lo económico y en lo político-institucional para generar bienestar para los venezolanos», aseguró Conindustria en un comunicado.
Los industriales señalan que han disminuido su volumen de producción en forma alarmante y la creación de puestos de trabajo que tanto requiere el país. «Sostener las nóminas de trabajadores con unos volúmenes de producción que disminuyen constantemente y con crecientes dificultades para reponer los inventarios, hace muy difícil la sostenibilidad de las empresas y, en consecuencia, su objetivo de producir bienes».
De acuerdo con la misiva, «la extraordinaria inflación generada por el errado manejo de la política monetaria; el cierre de empresas producto de una política de Estado que durante años estimuló la importación de bienes terminados en desmedro de la manufactura local; la política errada de expropiaciones y una política de control de precios que ha estrangulado la viabilidad de las empresas; la disminución de la producción como consecuencia de la falta de materias primas locales e importadas, a su vez producto de un control de cambios que imposibilita el pago de las deudas que los empresarios tienen con sus proveedores internacionales, y que ahora restringe el comercio internacional al mantener una práctica desconocida en el manejo de las divisas que pertenecen a todos los venezolanos, son algunas de las razones por las que Venezuela ha visto decrecer su capacidad productiva».
Conindustria considera imprescindible la creación de un clima económico, social y político adecuado, que fomente la seguridad jurídica y el desarrollo de la actividad productiva. Por ello, entiende que todo el país debe cerrar filas en torno al absoluto e irrestricto cumplimiento de la Constitución y de las libertades individuales, sociales y políticas en ella establecidas. Las instituciones y los órganos del Poder Público deben estar al servicio del ciudadano, y garantizarles a ellos el ejercicio pleno de los derechos constitucionales en el orden individual, político, social y económico.
