Congreso de Perú dilata la moción de censura contra la ministra de Economía
EFE
El Congreso de Perú dilató este lunes la moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, que se ha vuelto un capítulo paralelo de la crisis política causada por el juicio político abierto en el Parlamento al presidente Martín Vizcarra que puede acabar con su destitución.
Pese a que la moción contra la ministra figuraba en el primer punto de la agenda del día, el Congreso empleó casi diez horas en debatir y aprobar otros asuntos menores como declaraciones de interés nacional para crear nuevos distritos o incentivar los medios de pago electrónicos.
En medio de esas iniciativas legislativas, el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, que asumiría la jefatura del Estado en caso de prosperar la destitución contra Vizcarra, hizo una pausa para responder a las acusaciones del mandatario de urdir un complot contra la democracia.
Merino admitió que «tal vez no fue oportuno» realizar las llamadas que hizo a altos mandos de las Fuerzas Armadas antes incluso de que se abriera el juicio político contra Vizcarra, pero negó que su fin fuera obtener el apoyo de los militares en caso de producirse el cambio de presidente.
En principio, la moción de censura contra Alva ha sido pospuesta para este martes, donde la ministra deberá defender su gestión económica ante la crisis de la COVID-19.
La oposición al Gobierno decidió formular una moción para sacar a la ministra en medio de esta crispación política después de que Alva acudió dos días consecutivos al hemiciclo para comparecer en una interpelación de 82 preguntas, algunas de ellas repetidas.
Cuando se le preguntó a Merino por qué habían repetido varias veces las mismas preguntas, el líder del Legislativo argumentó que era para comprobar si respondía de la misma manera.
Para el próximo viernes está programada en el Congreso la sesión para debatir la destitución de Vizcarra, aunque el Tribunal Constitucional puede suspenderla si acepta la medida cautelar solicitada por el Gobierno al entender que el Parlamento no tiene elementos suficientes para sacar de su cargo al jefe del Estado.
Esta crisis política en plena pandemia, que tiene a Perú como el país con la tasa más alta del mundo de mortalidad con más de 30.800 fallecidos, lo que supone 94 decesos por cada 100.000 habitantes, y el quinto del mundo en casos confirmados al superar los 730.000 contagios acumulados.
