Congreso de España aprueba ley contra la violencia infantil
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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Es un texto pionero a nivel internacional que sitúa a España a la vanguardia de la protección de los derechos de los niños y que ha salido adelante rebasando, por mucho, la mayoría absoluta que necesitaba. No es habitual en estos tiempos que corren un apoyo tan importante, pero los grupos han echado a un lado los colores políticos y la norma ha cosechado 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones. Solo Vox y el PNV, este último por motivos competenciales, mostraron su rechazo. Las abstenciones son de EH-Bildu, JuntsxCat, PDeCAT y Navarra Suma. Queda ahora su paso por el Senado, donde probablemente se presentarán nuevas enmiendas, pero como el trámite es de urgencia, la ley puede estar publicada en el Boletín Oficial del Estado ya en junio.
La violencia contra la infancia es una realidad silenciada. El sistema de recogida de datos es muy deficiente. En 2019, se registraron más de 40.000 delitos contra menores de edad, según datos del Ministerio del Interior que tomó como base denuncias y actuaciones policiales. Cerca de la mitad del total de los delitos cometidos contra la libertad sexual tuvieron como víctimas a un niño o un adolescente. Pero estos son solo la punta del iceberg. Muchos casos ni siquiera llegan a denunciarse.
La norma pretende ser un cambio de paradigma, como en su día lo fue la ley de violencia de género. Tiene como fin garantizar los derechos de los niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, que el texto aborda de forma exhaustiva (desde el castigo físico a la violencia sexual o el ciberacoso), y recoge medidas para la sensibilización, detección, protección y reparación de las víctimas. Tiene el objetivo de acabar con la impunidad de los delitos graves contra menores, entre ellos la pederastia, al ampliar los plazos de prescripción: el tiempo del que dispondrá la víctima para denunciar comenzará a contarse cuando cumpla 35 años, frente a los 18 actuales. Esto quiere decir que los delitos no caducarán hasta que tenga al menos 40 años, y los casos más graves podrán denunciarse hasta los 55. Esta enmienda fue añadida este mismo miércoles in extremis y es la única que ha salido este jueves adelante en el pleno de todas las que se han votado.
