Congresistas acuden a albergue para inmigrantes menores pero no logran acceso
EFE
Las congresistas estadounidenses Donna Shalala, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel-Powell se personaron este lunes en el albergue temporal para inmigrantes menores de Homestead, al sur de Miami, pero no fueron autorizadas a entrar, lo que calificaron como «una violación de la ley federal».
«El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) ha violado una ley federal», dijo Wasserman Shultz a la prensa, después de haber explicado a directivos de la compañía que administra el albergue las razones por las que legalmente no se puede negar el acceso a miembros del Congreso.
El HHS ya había anunciado este domingo su negativa a permitirles el acceso a las congresistas demócratas que quieren inspeccionar el albergue después del anuncio de que en el transcurso de este mes se va a aumentar las camas disponibles en ese centro de 2.350 a 3.200.
El centro acoge a menores con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años detenidos tras haber cruzado la frontera con México de manera irregular y sin acompañantes de sus familias.
Un guardia que atendió a las congresistas les dijo este lunes que era necesario solicitar permiso de visita con dos semanas de adelanto, a lo que Wasserman Shultz respondió frente a las cámaras de televisión que la ley no establece eso, pero aún así no pudieron entrar.
Precisamente ella es la congresista que en junio pasado introdujo a debate parlamentario un proyecto, que hoy es una ley «firmada por el presidente Donald Trump», como recalcó al guardia, por la que no se puede impedir la entrada de un miembro del Congreso a cualquiera de esos centros en el territorio de los Estados Unidos.
En un comunicado conjunto difundo este domingo, después de que fueran informadas de que no se les iba dejar entrar al Refugio Temporal de Homestead para Niños Extranjeros No Acompañados (UAC), las congresistas subrayaron que el anunciado aumento del número de camas amerita «una inmediata inspección» de ese centro operado por la empresa CHS (Comprehensive Health Services).
Las congresistas mencionaron las «preocupaciones» existentes desde hace tiempo sobre «la falta de personal, de espacio, de educación y de otros servicios» en ese centro.
Respecto a la negativa a que lo visiten «en las presentes circunstancias», subrayaron que «no solo es una falta de transparencia y de confianza» en los cuidados que presta (el AUC), sino que «también viola la ley».
Mucarsel-Powell y Shalala visitaron el centro de Homestead en febrero como parte de una delegación que inspeccionó las instalaciones.
«Durante nuestra última visita a Homestead, fuimos testigos de niños que vivían en condiciones estrechas, parecidas a una prisión», agregaron las legisladoras.
Desde 1997 un acuerdo judicial otorga garantías a los menores de edad detenidos. Es el llamado Acuerdo Flores que establece un plazo máximo de 20 días para tener detenido a un menor.
A la polémica por el hecho de que estos menores que entraron sin permiso a Estados Unidos estén privados de libertad se suman las denuncias acerca de los abusos sexuales a los que están expuestos.
El representante demócrata Ted Deutch afirmó en marzo pasado que de 2014 a 2018 el HHS recibió más de 4.500 quejas de abuso sexual en contra de menores migrantes no acompañados.
