Hasta 13 años de cárcel para grupo independentista catalán
EFE
El Tribunal Supremo español (TS) condenó este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia de esa región en 2017.
Tres antiguos consejeros del gobierno autonómico catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.
La expresidenta del Parlamento autónomo catalán Carme Forcdell fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión, todos por un delito de sedición.
Los nueve condenados, que cumplen ya prisión preventiva, son inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público.
Otros tres procesados que estaban en libertad condicional fueron absueltos del delito de malversación y no irán a la cárcel.
El Alto Tribunal juzgó a los doce líderes soberanistas encausados entre febrero y junio pasados por la organización de un referéndum ilegal de «autodeterminación» el 1 de octubre y una declaración parlamentaria el día 27 a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional español.
La Fiscalía española los acusaba de un delito de rebelión, pero la Abogacía del Estado calificó los hechos juzgados como sedición porque considera que no existió la violencia suficiente para considerarlos rebelión.
¿Y ahora qué pasa con Puigdemont?
Con la condena a prisión por sedición para los líderes del «procés», como se conoce el proceso independentista catalán, se abre un interrogante que afecta al que ha sido el gran ausente del juicio. Huido de la Justicia desde hace dos años, ahora lo que toca saber es: ¿Qué pasa con Carles Puigdemont?
Puigdemont era el presidente de Cataluña cuando el 1 de octubre de 2017 se celebró en esa comunidad autónoma del noreste de España un referéndum independentista ilegal, organizado por su Gobierno, lo que le llevó a huir a Bélgica cuando se emitió una orden de captura en su contra.
El momento ha llegado. El Supremo dictó este lunes sentencia y en ella considera probado que quien fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, cometió un delito de sedición en concurso con un delito de malversación durante el proceso independentista.
La sentencia de 493 páginas menciona en apenas 18 ocasiones a Puigdemont, siempre como referencia de declaraciones escuchadas en la vista oral, lo que ahonda más en su condición de principal ausente de este procedimiento judicial.
HASTA 13 AÑOS DE PRISIÓN PARA LOS LÍDERES DEL «PROCÉS»
La resolución del Supremo, que condena a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los líderes del «procés» que no huyeron, ofrece elementos solventes, a juicio de fuentes jurídicas consultadas por Efe, para que el juez instructor, Pablo Llarena, pueda optar por cursar nuevas órdenes de detención y entrega de Puigdemont y otros seis procesados fugados: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig (Bélgica) Clara Ponsatí (Escocia) y Marta Rovira (Suiza).
Un escenario para el que el expresident ha dicho estar preparado.
La cuestión es si, una vez estudiada la sentencia, el juez Llarena opta por dictar nuevas órdenes de detención o si, por el contrario, decide esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la inmunidad alegada por Junqueras cuando resultó elegido eurodiputado pero no pudo adquirir formalmente esa condición.
Llarena también debe decidir por qué delitos dicta la euroorden, puesto que Puigdemont sigue procesado por rebelión, un delito descartado de plano por la Sala en esta sentencia.
Las fuentes resaltan la importancia del asunto de Junqueras, elevado por el propio Supremo al TJUE, que hoy celebra una vista sobre este caso. Si el tribunal con sede en Luxemburgo no da la razón al exvicepresidente de la Generalitat (Gobierno catalán), esto reforzaría una eventual petición de detención y extradición de Puigdemont, que también fue elegido eurodiputado y tampoco accedió al acta.
El escenario, por tanto, sigue situándose en el Supremo, en el despacho del juez Pablo Llarena, y en Waterloo (Bélgica), donde Puigdemont (procesado en rebeldía) ha vivido el juicio desde la distancia, consciente de que un fallo condenatorio podía volver a situarle en la casilla de salida.
A LA ESPERA DE QUE LA FISCALIA MUEVA FICHA
Por el momento, la bola está en la cancha de la Fiscalía, que es quien tiene que pedir a Llarena que ponga en marcha el engranaje para traerle a España. Otras fuentes abogan por la prudencia e indican a Efe que hay que estudiar la sentencia con detenimiento, si bien lo previsible es que el ministerio público se incline por pedir las euroórdenes más pronto que tarde.
Después, le tocará al magistrado instructor -alejado de la causa desde hace meses- determinar cuándo y cómo mueve ficha.
Su experiencia con las euroórdenes no ha sido como él esperaba. Tras varios batacazos que pusieron en duda la colaboración y el compromiso de países vecinos, Llarena acabó por retirar todas las órdenes europeas de detención y esperar a ver cómo avanzaba el juicio contra los otros acusados.
La mayor decepción vino de Alemania, cuando el tribunal regional de Schleswig-Holstein rechazó entregar a Puigdemont por rebelión y solo admitió por malversación, una línea roja para Llarena, que lo rechazó de plano.
Tampoco tuvo éxito en Bélgica, que rechazó las euroórdenes contra varios exconsellers por un error de forma que el juez español nunca compartió. A la Justicia escocesa y a la suiza no les dio tiempo siquiera a pronunciarse.
Fue la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quien cursó las primeras órdenes de detención contra los fugados, y lo hizo ante las sospechas de delito. Llarena fue el segundo; él ya vio indicios razonables. Y ahora, según precisan las fuentes consultadas, la sentencia da aún más elementos de solidez para volver a intentarlo.
Sigue siendo una incógnita cómo acogerán estas eventuales peticiones Bélgica, Escocia y Suiza, donde además de Rovira está la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, procesada por desobediencia y a quien Llarena nunca reclamó internacionalmente.
