Condenan en Chile a militares por muerte de colaboradores de Salvador Allende
EFE
Un juez chileno condenó a prisión a siete militares retirados por el secuestro y homicidio de 23 colaboradores del presidente Salvador Allende, detenidos en La Moneda durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, informaron hoy fuentes judiciales.
Entre las víctimas estaban el subsecretario general de Gobierno, Arsenio Poupin, el doctor Enrique París Roa, asesor de Allende y el médico Eduardo Paredes, director de la Policía de Investigaciones (PDI), además de otros funcionarios y varios miembros de la seguridad del mandatario, integrada por jóvenes voluntarios de partidos de izquierda.
El juez especial Miguel Vázquez Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a veinte años de presidio al brigadier Pedro Espinoza Bravo, como autor de los crímenes.
Tras el golpe, Espinoza llegó a ser el subdirector de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Pinochet, y en la actualidad está en prisión, sentenciado a más de 500 años tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Los exmilitares Servando Maureira Roa y Jorge Herrera López deberán purgar nueve años de presidio, mientras Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura y Jorge Gamboa Álvarez fueron sentenciados a siete años, todos como coautores de homicidio calificado.
A Maureira Roa y Herrera López se les aplicó además otros cinco años de presidio, como coautores de secuestro calificado (desaparición) de ocho de las víctimas, incluidos Arsenio Popupin y Eduardo Paredes.
En la investigación, el juez determinó que el día del golpe, tropas militares que ingresaron a La Moneda detuvieron a unas 50 personas, incluidos asesores directos, miembros de la seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos y funcionarios de la PDI, que se rindieron a las fuerzas de ocupación.
Dos días después, las 23 víctimas, tras ser torturadas en el Regimiento Tacna, fueron amarradas de pies y manos con alambres, subidas a un camión y trasladadas hasta el recinto militar de Peldehue, a unos 30 kilómetros al norte de Santiago.
A la llegada, «con una ametralladora se disparó contra los prisioneros, que estaban atados de manos y pies con alambres, alineados al borde de un pozo o fosa vacía, previamente excavada; los presos, al recibir los impactos cayeron a dicha fosa», señala el fallo.
Tras los fusilamientos, «el personal militar arrojó granadas a la fosa, cubriéndola posteriormente con tierra y sepultando de esta manera los cuerpos de los prisioneros, acciones que fueron controladas y verificadas por un Oficial de Inteligencia del Ejército que presenció los fusilamientos desde una distancia cercana», agrega.
El texto añade que un tiempo después el Ejército ordenó que se removieran los restos, trasladándolos con destino desconocido (aparentemente arrojados al mar o en la alta cordillera).
No obstante, mediante excavaciones en el lugar del fusilamiento se encontraron restos que fueron identificados en el Servicio Médico Legal, que también estableció que las muertes se produjeron por un shock hemorrágico como consecuencia de lesiones por arma de fuego.
El procedimiento permitió identificar a quince víctimas, desconociéndose hasta hoy el paradero de las ocho restantes.
En la parte civil, se acogieron la mayoría de las demandas presentadas por las familias de las víctimas, ordenándose al Estado pagar indemnizaciones por diversos montos de dinero.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
