Condenan a un dominicano a 25 años de cárcel por prostituir a 33 venezolanas
EFE
Un tribunal de República Dominicana condenó a 25 años de prisión a un dominicano-estadounidense por prostituir a 33 venezolanas en un centro de diversión desmantelado en junio de 2018 en la capital del país caribeño, informó este jueves la Procuraduría General de la República (PGR).
Dicha sentencia fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en contra del propietario del clausurado centro de diversión Pink Pony Bar, Jarvis Guerra Rodríguez.
La PGR destacó en un comunicado que esta es la primera condena a pena máxima, 25 años de reclusión, por un caso de trata de personas que se emite en el Distrito Nacional, centro de la capital de la República Dominicana.
Por este caso, el tribunal también condenó, pero a 20 años de reclusión, a Ángela Isaura Campusano Santos, empleada del citado establecimiento, agregó el comunicado.
El tribunal ordenó pagar 500.000 pesos (unos 9.200 dólares) a cada una de las víctimas como indemnización, así como el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles que les fueron incautados a los acusados durante el proceso de investigación.
La acusación señala que Guerra Rodríguez utilizaba el centro que dirigía para desarrollar actividades de trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio, especialmente, de venezolanas.
El hombre, agregó la PGR en la nota, facilitaba el traslado de las extrajeras, a las que explotaba sexualmente, «aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad, con restricción de su libertad y utilizando coacción en su contra».
La acusación también señala que el ahora condenado se valió de varios contactos que tenía en Venezuela para captar a las mujeres, ofreciéndoles trabajar en una discobar, pero luego las explotaba sexualmente.
En su informe de 2019 sobre tráfico de personas, Estados Unidos mantuvo a Venezuela en su «lista negra» al considerar que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado las medidas necesarias para perseguir judicialmente a los traficantes de personas que se aprovechan de los venezolanos en el interior del país y en el exterior. EFE
