Comunidades alertan de un aumento del paramilitarismo en zonas de Colombia
EFE
Representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia) subrayaron la importancia de visibilizar a la realidad rural de este país, pues, a pesar del acuerdo de Paz firmado hace más de un año, la violencia y los abandonos forzados de tierras continúa en muchas zonas colombianas.
La posibilidad de reconstruir una paz real y duradera en este país suramericano precisa de un contexto que lo posibilite, y para ello es imprescindible el apoyo internacional, explicó hoy en Mérida (oeste de España) José Roviro López, representante de esa Comunidad, pequeño pueblo colombiano creado hace 20 años en la región de Urabá.
Roviro López está en Mérida para participar a partir de mañana en el I Foro Internacional por la Paz en Colombia, el primero que se celebra en España desde la firma del acuerdo de Paz en noviembre de 2016 y al que asistirán asesores y analistas de las denominadas «Mesas de Diálogo» con las guerrillas de las FARC y ELN.
Entre los asistentes figura el abogado y político español Enrique Santiago, contratado por el Gobierno de Noruega para asesorar a las FARC en sus negociaciones con el Estado colombiano en la Mesa de La Habana, y el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Víctor de Currea, analista del proceso de negociación con el ELN en la Mesa de Quito.
En declaraciones a la prensa, López denunció un aumento del «paramilitarismo» en su Comunidad de Paz a raíz del acuerdo de Paz en el país, con más sometimientos, desapariciones y abandonos forzados de tierras.
De unos 1.500 paramilitares «hemos pasado a los 7.000», dijo López, quien considera que estas facciones actúan de forma similar a las Autodefensas Unidas (AUC), con la colaboración de las brigadas militares.
«Tienen todo el comercio dominado con sus vacunas -extorsión económica- y con amenazas de asesinatos», explicó este delegado, quien recordó que hoy se cumplen 13 años del asesinato de ocho personas en su comunidad, entre ellas el que fuera líder comunitario Luis Eduardo Guerra.
Todo ello a pesar de que esta localidad, de unos 2.000 habitantes y ubicada a 600 kilómetros al noroeste de Bogotá, fue creada bajo medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El propósito del Foro que comienza mañana es promover un espacio de diálogo entre organizaciones sociales colombianas y europeas con el fin de elevar propuestas concretas de apoyo a la paz en Colombia y promover una Plataforma de Organizaciones Sociales y personas a título individual que quieran articularse desde una ciudadanía global.
