Cómo son los procesos militares en contra de civiles detenidos en Venezuela

Sopesan ir el fin de semana a la playa en una «operación encubierta», porque tampoco pueden salir del estado Carabobo. Y eso significa que un baño en el mar también podría llevarlas a la cárcel.

Las tres jóvenes -cuya identidades reales prefieren proteger por temor a represalias- apenas superan los 20 años.

El 15 de mayo fueron detenidas en Valencia, a unas dos horas en auto desde Caracas.

Su delito: participar en una de las miles de protestas en contra del gobierno que desde hace más de dos meses se suceden en Venezuela.

Son apenas tres de las más de 200 personas que han sido detenidas y puestas a disposición de la justicia militar en el estado Carabobo.

Esta medida fue la primera en aumentar el nivel del Plan Zamora, con el que el gobierno quiere contener las manifestaciones.

En hechos vinculados con la actual ola de protestas se registraron ya más de 60 muertes.

Y el Plan Zamora -que el presidente Nicolás Maduro activó el 18 de abril, y que pasó a segunda fase en Carabobo y luego en Táchira y Barinas, entre otros estados- se ha plasmado en que civiles han debido responder ante tribunales militares.

La oposición, ONGs, organismos internacionales, la fiscal general, Luisa Ortega, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han criticado estos procedimientos.

«Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución», dijo el 24 de mayo la fiscal, la voz más crítica desde el Estado en contra el gobierno, en este momento.

«Viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos», aseguró Ortega.

Con el testimonio en Valencia de Cristina, Laura y Ana reconstruimos cómo es el polémico proceso.

1. La detención

Como era costumbre, Cristina salió con un amigo el lunes 15 de mayo para participar en el plantón de protesta en contra del gobierno.

Lo hizo con su capucha y con el guante con el que recoge bombas lacrimógenas que lanza de vuelta a la Guardia Nacional.

El gobierno cataloga como violentas la mayor parte de las protestas. La oposición, a su vez, critica la fuerte represión.

«Cien motos en hilera con dos guardias en cada una arrancaron. Me quedé paralizada, rodeada por la policía. Corrí hacia un comercio», recuerda Cristina.

«Entré y al poco lo hizo un guardia. ‘Se me sale todo el mundo de aquí’, gritó. Y lanzó una bomba lacrimógena en el interior», relata la joven, quien afirma que agarró el artefacto humeante y lo expulsó a la calle.

«Por el celular pude avisar a mi novio. Le dije: ‘Me están llevando presa. Me agarraron, no sé a dónde me llevan», cuenta.

En el comercio se refugiaron siete manifestantes. Entre ellos también Ana y Laura, que acudieron juntas a la protesta. Todos fueron subidos en un camión.

2. «Bienvenidos a su nueva casa»

Al sur de Valencia se encuentra Ciudad Chávez, una urbanización planificada con unos 4.000 nuevos apartamentos que fueron entregados desde julio de 2005 a familias en condición de pobreza extrema o situación de riesgo, según las autoridades.

«Ciudad Chávez es un sueño de nuestro líder eterno, Hugo Chávez», dijo entonces el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, un exmilitar cercano al comandante que dirigió Venezuela de 1999 hasta su muerte en 2013.

Cuando uno pasa la verja de entrada al complejo, lo primero que encuentra a la derecha es un destacamento de la Guardia Nacional, la policía militarizada.

«En este comando Chávez vive», se lee en un gran cartel a la entrada.

«Bienvenidos a su nueva casa, bienvenidos a Ciudad Chávez», dice Cristina que fue el mensaje de uno de los guardias al llegar a ese destacamento.

«Nos tomaron los datos, nos metieron en la celda a 19 personas juntas», cuenta.

«Había guardias buenos y malos. Uno me dijo: ‘Tú no vas a salir y si sales, te agarramos y te volvemos a meter'», recuerda Laura, mientras rememora el suceso ya con una tranquilidad que le faltó entonces.

Ana recuerda cómo la insultaron en el camión y cómo durante el trayecto a uno de sus compañeros le pasaban continuamente por la cara y el cuello un guante con gas pimienta, que provoca un gran escozor.

Las 19 personas estuvieron dos días y medio en el destacamento. En ese tiempo, sus familiares, apostados en la verja, preocupados, les suministraban la comida, que no siempre llegó a sus manos.

No hubo aseo y en ese tiempo durmieron en el piso.

«Los guardias preguntaban: ‘¿Quién se ofrece a limpiar el baño?’ Agarraban a una persona y le hacían limpiar el baño. A las mujeres nos tratan mejor que a los hombres», constata Laura.

«No nos tratan mal, pero tampoco la pasamos bien», acota Ana.

3. La audiencia

Tras más de 24 horas en el destacamento, la noche del martes 16 de mayo comenzó la audiencia en el comedor, adonde llegaron en fila, sujetando los hombros de quien les antecedía.

«Un guardia me dijo: ‘Eres guarimbera (manifestante), no vas a salir de aquí'», recuerda Cristina.

En dos filas, los 19 detenidos se presentaron ante la jueza militar Luz María Santafé Acevedo.

Esa vez no hubo guardias armados con fusiles, como sí sucedió en las primeras visitas, según cuenta Luis Armando Betancourt, coordinador en Carabobo de la ONG Foro Penal Venezolano, que ha defendido a los manifestantes en estas audiencias.

Los tres fiscales les imputaron a los 19 los mismos cargos: vilipendio, instigación a la rebelión y ultraje al centinela.

«Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar», dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino para justificar que los civiles sean juzgados en tribunales militares.

Y el Código Orgánico de Justicia Militar, anterior a la Constitución vigente, sí permite que esa jurisdicción penal se aplique a delitos de naturaleza militar cometidos por civiles.

«La derecha terrorista ha instigado a la rebelión, que es un delito penal militar, así como también ha cometido delitos de ultraje al centinela y destrucción de bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», dijo en mayo el ministro del Interior, Néstor Reverol, para defender el Plan Zamora en el estado Carabobo.

Pero el artículo 261 de la Constitución de 1999 dice que la jurisdicción militar sólo es válida para los militares.

Una vez leídos los cargos en Ciudad Chávez, cada uno de los 19 fue entrando de nuevo en la sala para responder a las preguntas de fiscales y abogados.

Pero la luz se fue y la audiencia se aplazó. Y lo que en principio generó desesperación terminó siendo una ventaja.

El grupo se favoreció de que era gente muy conocida en redes sociales y de que contaban con familias influyentes en Valencia.

Mientras los 19 pernoctaban en un cuarto aún más pequeño que el primero, y sin saber cuánto más tiempo estarían detenidos o si la juez decretaría una privación de libertad de 45 días, se sucedían las llamadas.

«Ese día nos dijeron que salíamos», recuerda Cristina. Era ya miércoles 17 de mayo.

«El comandante dijo: ‘Todos ustedes van a salir, ya me tienen harto, me ha llamado gente que ni puta idea conozco'», recuerda con detalle.

Por la noche se reanudó la visita y al final, ya en la madrugada del jueves 18, la jueza ordenó medidas cautelares y la libertad.

4. Las consecuencias

Ahora las tres jóvenes y sus 16 compañeros se deben presentar cada cinco días en un cuartel militar, no pueden salir del país ni del estado Carabobo ni participar en manifestaciones.

Cristina recuerda haber visto hace unos días una camioneta del servicio de inteligencia a su espalda. Cree que la siguen.

«Ese terror queda sembrado en ellos. El terror está ahí», lamenta Betancourt.

Pese a todo, Ana, Laura y Cristina tuvieron suerte. En la verja del destacamento de la Guardia Nacional de Ciudad Chávez el miércoles 31 de mayo había tres madres.

Sandra, serena, le llevó comida a su hijo, que llevaba detenido en el retén 25 días. Lo acusan de participar en saqueos y de robar dos cajas de cervezas. «Mi hijo dice que ni se las bebió», bromea su madre.

A su lado, una señora mucho más mayor, llora. Dice que a su hijo lo golpearon cuando denunció que no pudo verla el Día de la Madre.

Otra grita desconsolada. Ha escuchado que su hijo será trasladado a una cárcel.

«Uribana», le grita el guardia nacional que conduce la camioneta que lo traslada. Es el nombre de una prisión en Barquisimeto, a 220 kilómetros de Ciudad Chávez.

Allí, como muchos otros, esperará una nueva audiencia militar que determinará si hay o no juicio.

«Entrar a una prisión de esas es como perder la vida», dice el abogado Betancourt.

Esa perspectiva genera temor. «A mis amigas sus padres les prohíben salir a las marchas», afirma Laura. «Carabobo se apagó después de esto», añade apenada Cristina.