¿Cómo se vive en la región de Colombia donde sigue la guerra?

Con información de BBC Mundo

En los últimos meses casi no pasa una semana en Colombia sin que se conozca de un ataque en el que mueran soldados o policías, a veces civiles, de un operativo en el que las fuerzas de seguridad capturen o maten a guerrilleros o desactiven artefactos explosivos, de un atentado contra la infraestructura petrolera.

¿Pero no había comenzado la paz aquí, no había un cese el fuego?

Sí, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, pero no con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo más grande, con unos 1.300-1.500 guerrilleros armados, según datos del Estado, y una vasta red de milicianos y civiles.

En este camino queda todavía la marca de una explosión que hizo volar una tanqueta del Ejército.

La mayoría de las noticias de acciones militares de o en contra del ELN se concentran en un departamento, Arauca, en la frontera con Venezuela, donde opera el Frente Domingo Laín de esa guerrilla, el más activo del país.

El gobierno y el ELN se encuentran en Ecuador para intentar destrabar un proceso de paz cuyo comienzo se viene postergando desde hace meses.

Poco dijeron las partes tras una serie de reuniones entre el viernes y el domingo. Hablaron de un diálogo «fructífero» en «un buen ambiente de trabajo». Pero más allá de las declaraciones de buenas intenciones, hasta ahora en el terreno poco ha cambiado.

«Aquí el ELN está más vivo que nadie»

Hace unas semanas visité el municipio de Saravena, en Arauca. Un par de días antes de llegar allí, dos policías murieron y uno resultó herido en una emboscada guerrillera.

No sorprende, entonces, que los agentes que salen a patrullar la ciudad en moto lleven la pistola desenfundada; ni que a las garitas de vigilancia que están a 100 metros cada una de la estación de policía (alguna con un marcas de balazos en sus vidrios antibala) se llegue por túneles que salen desde ese edificio.

A estas garitas los policías acceden a través de túneles.

El padre Luis Teodoro González Bustacara fue víctima de un secuestro.

«El conflicto interno en el país no ha terminado», asegura el padre Luis Teodoro González Bustacara, sacerdote católico de Saravena. Y repasa: «(Aquí) tenemos guerrilla, tenemos narcotráfico, tenemos bacrim (bandas criminales nacidas tras la desmovilización de los grupos paramilitares de derecha hacia mediados de la década del 2000), tenemos delincuencia común, secuestradores, atracadores, violadores, hay injusticia social».

«Aquí el ELN está más vivo que nadie», agrega el religioso, a quien ese grupo armado secuestró en 2002.

La plaza partida

En Saravena, en Arauca, se ve como en pocas partes de la Colombia actual los controles del Ejército en los caminos, las tanquetas, la tensión en los rostros de los soldados que hacen guardia al costado de la carretera, la constante cautela de la población local a la hora de hablar del conflicto.

Aquí la gente no suele llamar al ELN por su nombre, habla del «grupo», a lo sumo dice «grupo armado», como si pronunciar las siglas públicamente fuera la violación de alguna suerte de ley secreta.

Tal vez la gente se cuida tanto nunca se sabe realmente con quién se está hablando. En más de una ocasión tuve dudas de si la persona con la que conversaba era simplemente un civil o si tenía vínculos con el «grupo».

El lado activo de la plaza de Saravena.

El lado desierto de la plaza de Saravena, al fondo la estación de policía.

En la plaza central de Saravena toda la actividad se concentra de un solo lado del rectángulo de césped y árboles: los vendedores de café y comida, los vecinos sentados en los bancos, se aprietan en el costado sureste. Al otro lado nadie, casi nadie. Es que allí está la estación de policía, en la que siempre puede caer una bomba, o llover disparos de francotiradores.

El uso del territorio y del lenguaje dicen mucho de la sutil opresión de la guerra.

Secuestros

Si la chispa fue la ideología, el combustible original del conflicto aquíha sido el petróleo. En los 80 comenzó a explotarse, por esta zona pasa el Caño Limón-Coveñas, gran oleoducto que lleva el petróleo desde el oriente hasta la costa Caribe. En esa época ELN sacó mucho dinero de extorsión de las empresas que querían desarrollar la industria petrolera y los oleoductos.

Hoy el ELN se financia con el contrabando, sobre todo de gasolina, desde Venezuela. También cobra extorsiones, que llama impuesto revolucionario. Y hasta hace poco conseguían dinero de secuestros extorsivos, pero dejaron de hacerlo por ahora.

Como parte de los gestos para intentar destrabar el proceso de paz con el gobierno, entre agosto y octubre pasado liberaron a cinco personas en Arauca. Pero todavía no dejan ir a Odín Sánchez, un político al que tienen secuestrado en otra parte del país. Esto mantiene trabadas las negociaciones (el ELN pide al Estado que antes libere a guerrilleros presos).

Una embarcación trae gente por el río Arauca desde Venezuela. Este cruce ilegal es propicio para el contrabando.

La industria petrolera ha sido un constante objetivo del ELN.

«De vida o muerte»

El alcalde de este municipio, Yesid Lozano Fernández está sentado en uno de los bancos de la plaza.

Me dice que en los últimos tiempos bajó la violencia asociada a las FARC en el municipio, pero asegura que no se puede hablar de posconflicto: «En Saravena, legalmente, estamos en conflicto y usted lo puede observar».

Él está amenazado de muerte (un hermano suyo fue asesinado, otro secuestrado por las FARC, él mismo fue víctima de secuestro hace más de una década).

En unos minutos saldrá a visitar una zona rural. Irá custodiado con un primer anillo de seguridad del Ejército (22 a 30 hombres), un segundo de la policía (12 a 15) y, finalmente, su escolta personal de policías de civil (seis hombres).

Cuando el alcalde Yesid Lozano Fernández sale a una zona rural lo acompaña un esquema de seguridad de hasta más de 50 efectivos, entre Ejército, policía y si escolta personal.

No todos tienen la fortuna de contar con ese esquema de protección.

Cada mes el ELN publica una lista de personas non gratas en todo el departamento y les da un plazo de 24 a 72 horas para irse (gente que ellos consideran indeseables: adictos a las drogas, pequeños narcotraficantes, homosexuales). Si no se van los matan.

En octubre pasado, por ejemplo, hubo un brote de homicidios en el que murieron 11 personas entre Saravena y Fortul, un municipio vecino.

En la oficina de Saravena del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tienen mucho trabajo. Casi todos los días llega alguien, o llama por teléfono, para pedir ayuda.

«El tema de los desaparecidos es muy doloroso. Todos los días recibimos gente que ha perdido a algún ser querido», dice Mourad Bekkari, jefe de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Saravena.

Mientras viajo por las carreteras del departamento con el jefe de esta delegación, el francés Mourad Bekkari, me cuenta que justo antes de que saliéramos debieron atender un caso.

«Era una cuestión de vida o muerte: un hombre vino a la oficina porque fue amenazado por un grupo armado por haber sido testigo directo de un homicidio hace unos pocos días. Le dieron 24 horas para dejar la zona«.

Mientras hablábamos el CICR ya lo estaba sacando de Saravena.

El solo hecho de que le hubieran dado un preaviso tiene que ver con el trabajo de esta organización con todas las partes en conflicto en la zona.

Antes no había ni 24 horas de gracia.

La última de cinco hermanos

«Yo soy la única hija que le queda a mi madre», me cuenta una mujer que prefiere no dar su nombre, porque aún se teme represalias.

En un solo día, en 2009, perdió a sus tres hermanos y su hermana, en un sólo día en que unos hombres llegaron a su finca en la que trabajaban el plátano, la yuca, el cacao.

Esta mujer se toma las manos mientras cuenta cómo la guerrilla mató a sus cuatro hermanos.

«A las cinco de la tarde llegaron cuatro personas a la casa y se llevaron a mis hermanos», relata, mientras juega con sus manos, entrelazando los dedos. «Ellos llegaron normal y les dijeron que los necesitaban, que los habían mandado a llamar, que se alistaran y se fueron en motos».

Al poco tiempo escucharon disparos y salieron corriendo, ella y su madre, hasta encontrar los cuerpos de la hermana y el hermano menor, cerca de la casa. «A los otros se los llevaron y los desaparecieron. No los volvimos a ver».

Eran épocas de guerra entre el ELN y las FARC (que cesó en 2010). Los elenos (así le dicen a los guerrilleros del ELN) acusaban a sus hermanos de colaborar con el otro grupo guerrillero.

Recién en 2013 les avisaron con una nota que les devolverían los cuerpos. «Nos fuimos a averiguar con mi mamá, fuimos a donde decía la nota, y nos dijeron que nos los entregaban, que habláramos con la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja fue y ellos nos hicieron todas la vueltas, trajeron los forenses».

Los encontraron al pie de una montaña, cerca de una escuela. «Estaban enterrados los dos en un solo hueco», cuenta. Los cuerpos están siendo estudiados, pero se esperaba les fueran entregados en enero.

Convivencia

Pero a pesar de la experiencia de esta mujer, la sensación, lo que me comenta la gente aquí, hace pensar que la relación con el ELN no es necesariamente de rechazo.

«Lo que pasa es que ellos en los pueblos se hacen pasar por gente buena, pero ellos no son buenos», dice la mujer. «Hasta que a uno no le pasa lo que me pasó a mí uno no los conoce a ellos bien».

En esta zona opera el Frente Domingo Laín del ELN, el más activo del país.

Otros explican que mientras hay presencia del ELN baja o desaparece la delincuencia común, actúan como autoridad donde el Estado no está presente.

No sólo mantienen el orden, también dirimen disputas.

Indígenas desplazadas

Alrededor de una decena de familias indígenas del pueblo Makawán se han instalado en casillas hechas de madera y plástico, junto al edificio derruido de lo que fue un matadero, a la espera de que les den un predio donde ubicarse en forma permanente.

Estaban viviendo en la Casa Indígena de Fortul (un edificio perteneciente al municipio), pero como está pegada a una base del Ejército quedaban en el medio de constantes ataques del ELN.

Felisa Amparo Gutiérrez, líder de la comunidad indígena desplazada, dicen que están a la espera de que les den un lote en el que instalarse de forma permanente.

Familias indígenas desplazadas por el conflicto viven en estas casas de palos y plásticos junto a las ruinas de un viejo matadero.

«Vivíamos traumatizados en la casa indígena, porque los niños no podían escuchar un golpecito que ellos decían que era bomba, los niños se desmayaban«, me dice Felisa Amparo Gutiérrez, líder en esta pequeña comunidad desplazada.

Las bombonas de gas llenas de explosivos que lanzaban dañaron paredes y ventanas de la casa. Una vez, me cuenta la mujer, en un solo día cayeron 13 bombazos.

«Nos advirtieron que teníamos que salir de ahí porque ellos iban a terminar con la base del Ejército».

Se fueron, pero no era la primera vez que dejaban su hogar. Antes, en 2011, las había echado su propia comunidad del resguardo en el que vivían, a ella y a otras mujeres que se habían casado o juntado con blancos.

«Si nosotros no salíamos de la comunidad, iban y mataban a nuestros maridos», me dice Gutiérrez. La comunidad tenía el apoyo del grupo armado, ellas no, y el grupo armado era la autoridad.

Desconfianza

Muchos aceptan resignados la autoridad guerrillera, pero otros les tienen simpatía, como el hijo de otra mujer con la que hablo (tampoco se atreve a que salga publicado su nombre) que un día de enero de 2013, a los 18 años, desapareció y no volvió más, ni siquiera se contactó.

«A él lo ingresaron a las filas de la guerrilla», me dice con lágrimas en los ojos. «Engañado, pero se lo llevaron».

Ella cree que quiere volver y no lo dejan. Aunque hoy ni siquiera sabe si está vivo.

Además, en esta región del país ven con cierta desconfianza a las fuerzas de seguridad, que también han causado daños a la población civil: entre otras cosas con bombardeos y, en el pasado, con los llamados falsos positivos (asesinato de civiles que se hacen pasar luego por guerrilleros).

Le pregunto sobre esto al alcalde Lozano, mientras conversamos en la plaza partida, con la policía parapetada en su estación a menos de 100 metros.

«Lo que pasa», me dice, «es que si (a los civiles) los ven hablando mucho con la policía o con el Ejército los secuestran o los matan; aquí es un pecado para una mujer enamorarse de un policía o un soldado porque entonces inmediatamente la tratan de paramilitar y la matan«.

Pero asegura que las cosas han cambiado un poco: «Ahora usted ve que los policías se sientan en las panaderías y los soldados se sientan en las fuentes de soda y les atienden». Puede ser. Yo no lo ví y gente del lugar me dijo que para la policía y los soldados no es seguro andar por el municipio libremente.

Adenis Contreras, líder comunitario, también mencionó los abusos por parte de las fuerzas del Estado.

A unos 20 minutos en auto desde esa plaza, sentado en su casa en su finca en la que cultiva cacao, con su brillante camisa roja, Adenis Contreras asegura que a veces se han registrado atropellos de las fuerzas del Estado durante controles y operativos en la zona rural de Saravena, de la que es presidente de la comunidad.

Es la vereda Charo Centro, en la que se encuentra un paso fronterizo ilegal hacia Venezuela, sobre el río Arauca. Por allí pasa buena parte del contrabando que controla el ELN. También pasan sus guerrilleros, de un lado a otro, escapando de las fuerzas de seguridad. Lo que no se ve allí es soldados o policías o cualquier otro agente del Estado.

Cada vez que pasa un auto o una moto por la carretera, Contreras se detiene brevemente, levanta la vista y lo sigue con la mirada.

Dice que en esta zona rural las cosas están mejor que hace diez años, cuando también había guerra entre el ELN y las FARC. Pero la violencia sigue, asegura: «Mientras existan actores del conflicto obvio que no va a haber una tranquilidad total».

¿Paz?

Suenan las campanas en la iglesia de Saravena. Suenan fuerte, porque estoy adentro con el padre González, que reflexiona casi siguiendo las pausas del badajo, sobre el porqué de la existencia de un grupo guerrillero como el ELN en esta zona.

«Si uno nace donde hay protesta, hay abandono, no se le reconoce la dignidad humana ni los derechos que debe tener el ser humano en medio de una riqueza como la de esta región, es obvio que ahí hay inconformidad», dice.

«Y si muchos niños, hoy jóvenes, hoy adultos, nacieron en su momento en el conflicto, para muchos es una vida normal, sin desconocer que es una protesta al margen de la ley del Estado y de la ley de Dios».

En la iglesia suena la campana una vez más y el padre se detiene para decir que en cualquier caso la mejor salida es la dialogada.

«Ojalá el gobierno nacional y el ELN vayan cuanto antes a la mesa de negociación y ojalá se diese un cese el fuego bilateral», dice.

No está resultando sencillo y Adenis Contreras tiene una explicación de por qué: «El ELN es un grupo bastante político, mucho más idealista; y cuando se suma el idealismo y la política las cosas son diferentes. Al Estado le toca prepararse muy bien para poder sentarse a hablar con ellos, no es tan fácil».

Muchos en el país creen que el ELN está mostrándose excesivamente inflexible, el grupo argumenta que es el gobierno el inflexible.

Las pintadas del ELN se encuentran por toda la región, en el casco urbano y en la zona rural.

¿Qué piensa de un posible acuerdo de paz la mujer que perdió a todos sus hermanos? «Poco creo en eso, por lo que nos hicieron», me dice. «Pero bueno, ojalá que de verdad se hiciera bien eso de la paz, ojalá que fuera verdad y que llegaran ellos a entregarse y dejar de hacerle daño a la gente».

Lo más probable es que esta sea de las zonas donde más dramáticamente se sientan los efectos de un eventual cese el fuego entre el gobierno y el ELN y de un acuerdo de paz, porque es donde más se está sintiendo la guerra y porque el frente que opera en la región está muy alineado con el Comando Central de esa guerrilla.