Comisión de DD.HH. de México rechaza impunidad y olvido en caso Ayotzinapa
EFE
La desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en Iguala, estado mexicano de Guerrero, es para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) «un expediente abierto», indicó este domingo el organismo, y exigió que los hechos no queden en la impunidad ni el olvido.
«La gravedad y relevancia de los hechos demandan su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuenta de sus actos ante la ley y ante la sociedad», sostuvo la CNDH en un pronunciamiento divulgado este domingo.
Apuntó que a dos años de ocurridos los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde desaparecieron los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aún es asignatura pendiente su total esclarecimiento.
«Si bien las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) muestran avances, aún no han arrojado resultados concluyentes. En particular, sigue sin determinarse el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, prioridad y objetivo de la investigación», enfatizó.
Para la CNDH, «lo preponderante es que se conozca la verdad de los hechos y que los derechos de las víctimas sean reparados y se tomen las acciones necesarias para prevenir se cometan nuevas afectaciones».
El organismo recordó que en razón de ello ha formulado 57 observaciones y propuestas a diversas autoridades federales, estatales y municipales.
«Después de un minucioso análisis y revisión de la información y constancias proporcionadas por dichas autoridades hasta el pasado 22 de septiembre, debe señalarse que únicamente ocho de ellas pueden considerarse como totalmente atendidas, mientras que 33 se encuentran en vías de atención y 16 tienen un estatus de no atendidas», abundó.
Por ello, la Comisión hizo un nuevo llamamiento a las autoridades referidas para que den cumplimiento y desahoguen las diligencias de investigación y las acciones que derivan de las observaciones y propuestas que les fueron formuladas.
Asimismo, señaló que estará al tanto del cumplimiento que las instituciones brinden a las 22 recomendaciones sobre la investigación que fueron formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La CNDH continuará desarrollando su investigación de manera objetiva, exhaustiva, científica e integral en el ámbito de los derechos humanos, cuyo objetivo es determinar las violaciones a los derechos fundamentales cometidas antes, durante y después de los hechos de Iguala y, una vez concluida, emitirá la determinación de fondo sobre el caso», acotó.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero de la localidad aledaña de Cocula.
Varios organismos que han estudiado el caso no aceptan esta narrativa con el argumento de que proviene de una investigación plagada de irregularidades, y que ni padres ni compañeros de los estudiantes aceptan.
Al respecto, la PGR emitió este sábado un pronunciamiento en que aseguró que «con entera comprensión de la gravedad de esos hechos y de la importancia que reviste lograr justicia plena al respecto, se mantiene abierta la investigación para conocer a plenitud lo ocurrido con los jóvenes estudiantes».
Eso incluye «la obtención de información suficiente y apta para saber su paradero, así como para lograr el esclarecimiento total de lo acontecido y se impongan las sanciones correspondientes a toda persona que sea responsable».
«En ese sentido, se reafirma la voluntad y determinación institucional para ampliar y profundizar, tanto como sea necesario, en las investigaciones y acciones de búsqueda de los jóvenes normalistas», expuso la dependencia gubernamental.
Añadió que «los recursos, esfuerzos y energías institucionales se destinan en la actualidad y en lo siguiente, de manera prioritaria, al desarrollo de nuevas líneas de investigación, atendiendo en todo momento los planteamientos, propuestas y peticiones de los familiares de las víctimas, de la coadyuvancia y de los organismos nacionales e internacionales» que han dado seguimiento al caso.
«Cualquier aspecto relacionado con la investigación en el que haya controversia por diferencias de criterios técnicos, se procurará sea aclarado, en su momento, mediante los mecanismos legales aplicables. En todo caso, ello se hará previo acuerdo con los familiares de las víctimas directas», puntualizó.
