Comisión de Contraloría acordó responsabilidad política en el caso Yacambú Quibor
Nota de prensa
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final sobre las irregularidades cometidas durante la ejecución de la represa Yacambú Quibor, que ha generado la pérdida de más de 2 mil 500 millones de dólares, obra que luego de varios años no ha logrado concluirse y hoy se encuentra prácticamente paralizada.
El diputado Guillermo Palacios, quien en el año 2011 denunció la situación de las irregularidades en la construcción de la obra, señaló que se acordó la responsabilidad política del ex gobernador de Lara Luis Reyes Reyes, de la ex ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables Yubirí Ortega, al ex presidente de la empresa Yacambú Quibor y ENMOHCA, Jorge González González, la actual presidenta de la empresa Landys Navarro y el ex funcionario Rafael Álvarez Fonseca, por la comisión de hechos ilícitos administrativos cometidos en la ejecución de la obra, que generaron la paralización de la misma.
“En la investigación se pudo verificar que hubo corrupción, licitaciones amañadas, malversación de fondos, delincuencia organizada, legitimación de capitales, nóminas paralelas de personas que no trabajaban pero cobraban, enriquecimiento ilícito y operaciones triangulares de empresas para beneficio personal”.
En este sentido destacó Palacios que la Comisión de Contraloría acordó solicitar una investigación penal y administrativa, así como exigirle al gobierno que destine los recursos necesarios para la culminación de la obra, en el menor tiempo posible, vital para el Estado Lara.
“Se acordó igualmente solicitarle al Defensor del Pueblo Tarek William Saad, que realice las diligencias que estén dentro de sus competencias para que se protejan los Derechos Humanos de los ciudadano larenses que han sido violentados a causa de la comisión de hechos irregulares que dieron origen a la paralización de la obra de la represa Yacambú Quibor”.
Finalmente el diputado Palacio señaló que se debe procurar que se satisfagan los derechos ancestrales de las familias de ascendencia indígena, que estaban asentadas en el área de la inundación de la represa e igualmente de trabajadores que quedaron cesantes y aun no se les ha cancelado en su totalidad sus reivindicaciones laborales.
