Comerciantes piden una investigación penal contra el alcalde de San Cristóbal
800 Noticias | Agencias
Al menos cuatro comerciantes de San Cristóbal, a quienes les han desalojado y destruido sus locales comerciales, introdujeron ante el Ministerio Público una solicitud de investigación penal contra el alcalde chavista de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, junto a otros funcionarios del gabinete municipal.
Los otros funcionarios contra quienes piden que se inicie el proceso judicial son Juan Rodolfo Martínez, director general de la alcaldía; Mario Izara, síndico procurador; José Corzo, abogado adjunto a sindicatura; César Flores Pinto, coordinador de la acción de desalojo a los comerciantes; y Arturo Perdomo, funcionario actuante de la Policía Nacional Bolivariana.
El abogado defensor de los comerciantes, Omar Sayago, exigió que se abra la investigación por los presuntos delitos de abuso de funciones, agavillamiento, violación domiciliaria, hurto calificado, todos delitos que están tipificados en el marco legal penal venezolano, luego de que el 26 de enero de 2023, sin orden de allanamiento ni notificación de desalojo, estos funcionarios ordenaron y participaron en la demolición de dos locales en el Hospital Central de San Cristóbal.
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Los funcionarios ignoraron una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que tipificaba que se acercaba una audiencia para dirimir este asunto en materia legal, pero haciendo caso omiso, el alcalde Silfredo Zambano ordenó la demolición de los locales comerciales, precisó el defensor.
“Hago un llamado a la reflexión del alcalde Silfredo Zambrano y al gobernador Freddy Bernal, porque no solo el alcalde está vulnerando el derecho de los tachirenses, sino que está enmasillando la imagen del gobierno regional”, dijo Sayago.
Alrededor de 20 personas han quedado desempleadas tras el desalojo de locales, tanto en el terminal de San Cristóbal como en Hospital Central, expuso el defensor de derechos humanos, Walter Márquez.
El representante de la Fundación El Amparo destacó que los comerciantes Oscar Escalante y Pablo Novoa han mencionado una responsabilidad directa sobre el alcalde de la capital tachirense, a quien señalan de cometer grave violación a los derechos humanos y lesa humanidad, tras consentir la destrucción de los locales que fueron autorizados para ser construidos en el año 2004, cuya acción ya está prescrita por cinco directores del nosocomio.
Con información de La Patilla
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