Colombia rechaza militarizar la frontera del Darién
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El enorme flujo de migrantes, la mayoría venezolanos, atravesando la peligrosa selva del Darién, que comparten Colombia y Panamá, tiene a los Gobiernos de ambos países discutiendo salidas ante la crítica situación humanitaria. Por esa ruta, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han pasado este año 150.000 migrantes, de los cuales el 70 por ciento son venezolanos. Más de 14.500 niños se han enfrentado a ese temido tramo y al menos 30 personas han muerto o desaparecido.
“Panamá ha hecho sentidos reclamos sentidos sobre esos cruces peligrosos”, dice la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil sobre la posibilidad de que Colombia impida el paso de los migrantes. La respuesta de Colombia es tajante: ni cerrará ni militarizará la frontera. “No haremos nada que securitice la migración ni ataque al migrante que es el eslabón más grande de la cadena. No vamos a militarizar las fronteras”, explica a EL PAÍS. El enfoque de securitización es el que equipara la migración con aspectos de control y de seguridad nacional; el contrario es el de derechos humanos, que es al que se está alineando el Gobierno de Gustavo Petro.
Gil había estado el sábado en el puerto colombiano de Necoclí, donde se aglomeran los migrantes antes de tomar lanchas y entrar a la selva. Acompañó al embajador encargado de Estados Unidos, Francisco Palmieri, que se reunió con autoridades locales y algunos migrantes. Ahí la representante del gobierno de Gustavo Petro ya había señalado que “Colombia no construirá muros, ni visibles ni invisibles” y que junto a Migración abordarán la situación con enfoque humanitario.
“Estamos ante un desafío para las Américas y no solo para Colombia”, dice a EL PAÍS. Anuncia que la próxima semana se hará una reunión de los gobiernos panameño y colombiano para evaluar alternativas a la situación. “Si militarizáramos la frontera tendríamos que pedir lo mismo hacia Ecuador y no creemos que esa sea la estrategia”. Lo que harán, explica, es atacar las redes de tráfico de migrantes.
La migración a través del Darién ha sido constante desde hace décadas. Sin embargo, este año se ha registrado un récord. Solo en septiembre la atravesaron 38.399 venezolanos. Durante 2021, la mayoría de los migrantes eran haitianos; este año han sido especialmente de ciudadanos de Venezuela, aunque cubanos, africanos, indios y chinos también la tienen como ruta.
Sin embargo, las recientes medidas migratorias del gobierno de Joseph Biden que ha cerrado la frontera a los venezolanos que intenten entrar por la frontera sur y entregará 24.000 visas humanitarias a los que lleguen en avión, tengan un patrocinador en ese país y no hayan ingresado irregularmente por Panamá o México, ha dejado en el limbo a miles de personas que aún se encuentran en Necoclí o en los municipios que dan entrada a la selva del Darién. Las deportaciones de venezolanos a México son seguidas por redes sociales desde Colombia.
Algunos han empezado a devolverse, pero hasta hace apenas dos días ingresaron a Panamá 4.000 migrantes que cruzaron la selva, explicó a este diario Giussepe Loprete, jefe de la Misión de la OIM en Panamá. “Es un viaje que dura hasta 8 días y muchos de ellos no se han enterado de las nuevas medidas migratorias”.
Andrés Segura, consultor y experto en migración, dice que las nuevas medidas de Estados Unidos parecen haber tenido el efecto de disuadir a varios migrantes. “Lo que habrá que definir si es resultado de la oportunidad de ingreso a Estados Unidos regular para 24.000 personas, o la devolución a México”. La medida, además, le da aire al Gobierno Biden antes de las elecciones de mitad de periodo de este noviembre, pues el tema migratorio ha tomado importancia en algunos Estados, dice el consultor.
Que los flujos se redujeron se nota en la terminal de Transportes de Medellín, donde se ven menos migrantes que hace unas semanas, e incluso algunos devolviéndose ante la nueva política migratoria estadounidense. Sin embargo, aún están por verse los efectos a mediano plazo. “En el corto, la medida parece haber tenido el impacto deseado, reduciendo el interés de migrantes venezolanos de emprender el camino por el Darién. Un tema para hacer seguimiento es si en el mediano plazo la medida puede hacer pensar al ciudadano común de Venezuela que Estados Unidos está abriendo mayor espacio para ellos”, dice Segura.
Mientras se observan los efectos, el Gobierno de Colombia asegura que desarrollarán una serie de acciones para ayudar a esos municipios que están recibiendo el impacto de la migración, como apoyarlos con asistencia humanitaria, adecuación de lugares para que la población migrante pueda recibir ayuda y, los municipios puedan continuar con sus actividades económicas. En Necoclí, que es un puerto turístico, sus habitantes se quejan de que la presencia de migrantes en las playas impide la actividad principal del municipio.
“También desarrollaremos campañas desde Chile hasta México con información clara sobre los riesgos que enfrentan en El Darién”, dice Gil. “Queremos involucrar a toda la región, Colombia tiene la autoridad moral. No queremos ser un ejemplo de libro de texto. Pero necesitamos hablarnos de manera honesta”, agrega.
Lorena Mena Iturralde, directora del centro de pensamiento Continente Móvil-Estudios de Migración, explica que prohibir el paso de migrantes los pone en mayor riesgo porque acuden a redes de tráfico que se enriquecen con el desespero de las personas. “Que exista el libre tránsito no deja de ser aprovechado por las redes de tráfico y trata de personas, pero prohibirlo pone a los migrantes en una situación todavía más riesgosa y que sea mucho más costoso”. Lo que deben hacer los gobiernos, dice, es controlar a quienes están promoviendo las redes y enriqueciéndose con “tránsitos que son inhumanos”.
El enfoque entonces, explica, debe ser la gestión o control de la migración, pero no la securitización. En el caso de México, su ubicación geopolítica se convierte en un factor clave para el enfoque asumido por el gobierno de ese país. “En el discurso, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que garantiza los derechos humanos de las personas migrantes, pero en la práctica lo que tenemos es militares prácticamente custodiando el tránsito y hay muchos atropellos a los derechos humanos”, dice. Así reseña El País.
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