COLOMBIA| Pastrana pide destitución de Juan Manuel Santos por «indignidad»
El Universal
El expresidente colombiano Andrés Pastrana solicitó hoy, 18 de diciembre, que se inicie un «proceso por indignidad» para destituir al actual mandatario, Juan Manuel Santos, a raíz de las denuncias de que recibió dinero de Odebrecht para su campaña electoral.
En una carta dirigida al Senado y la Cámara de Representantes, Pastrana pide que se inicie el proceso contra Santos por su «responsabilidad en el caso Odebrecht» y dijo que es ilegal que las campañas políticas reciban financiamiento de empresas extranjeras, destacó DPA.
Según el exmandatario, Santos habría recibido dinero de la multinacional brasilera para su campaña electoral de 2010 y su reelección en 2014.
En la petición, Pastrana citó las declaraciones de Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Santos en 2014, quien aseguró que la multinacional habría financiado la candidatura del actual jefe de Estado.
Prieto entregó las declaraciones en el marco de la investigación en su contra por sus nexos con Odebrecht por el escándalo de corrupción.
«Esto es tan grave que cuando el candidato triunfador en una elección presidencial ha violado cualquier norma sobre su financiación de su campaña, la única sanción que procede es la pérdida del cargo», señaló Pastrana.
La misiva recalca que el ingreso de ese dinero y la «violación de los topes permitidos por la ley» permiten que el Congreso decrete la «pérdida del cargo».
En julio, la Fiscalía anunció que tenía pruebas del pago de un millón de dólares de Odebrecht a la campaña de Santos en 2014.
El caso Odebrecht contempla la investigación sobre pago de sobornos a gobiernos en 12 países, con el fin de obtener beneficios en contrataciones estatales.
En Colombia, la justicia de Estados Unidos determinó que entre 2009 y 2014 la multinacional realizó pagos indebidos por 11 millones de dólares.
La brasileña Odebrecht, la constructora más grande de América Latina, admitió en diciembre de 2016 que desde 2001 pagó sobornos por más de 785 millones de dólares en un total de 12 países, diez de ellos latinoamericanos, para asegurarse la adjudicación de obras públicas.
