Cofavic: «La impunidad se ha mantenido y agudizado» a 33 años del Caracazo
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El estudiante Richard Páez, de 17 años, salió de su casa ubicada en el barrio Maca de Petare, cuando una bala lo alcanzó y le quitó la vida en 1989. La secretaria Matilde Castillo recibió un impacto de proyectil en una pierna, misma que le fue amputada. El trabajador independiente Andrés Eloy Suárez desapareció el 27 de febrero y sus familiares desconocen su paradero todavía, reseña El Pitazo en un reportaje.
Estas son algunas de las víctimas que dejó el Caracazo, protesta en la que murieron, según registros oficiales 276 personas -mientras que cifras extraoficiales indican que fueron más de 3.000-, debido a la represión de funcionarios policiales y militares, con mayor intensidad en las zonas populares caraqueñas. Este 27 de febrero de 2022 se cumplen 33 años de los disturbios que se alargaron nueve días y dejaron pérdidas incuantificables.
Liliana Ortega, cofundadora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), detalló a El Pitazo que los días donde se generaron más saqueos fueron el 27 y 28 de febrero; sin embargo, durante esas 48 horas el número de víctimas no fue el más alto. Afirmó que aumentaron desde la noche del 28 y el 1 de marzo debido a la suspensión de garantías y el toque de queda en las zonas populares, donde ocurrieron una serie de disparos indiscriminados cuando fuerzas de seguridad se desplegaron para contener el descontento social.
«La impunidad multiplica la violencia»
Ortega cree que la falta de condenas, que no se hayan corregido los procedimientos en el uso desproporcional de la fuerza y el ocultamiento de evidencias, son elementos que a su juicio dan pie para que actualmente exista una situación de mayor gravedad en materia de Derechos Humanos (DD. HH.).
«Lamentablemente la impunidad en el Caracazo multiplica la violencia, multiplica las violaciones de DD. HH. La impunidad del pasado no solo se mantiene sino que se ha venido agudizando en Venezuela», subrayó la cofundadora de la ONG Cofavic.
Y es que el 27 de febrero de 1989 los organismos de seguridad actuaron para apaciguar a una multitud enardecida tras las medidas económicas tomadas por el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
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