CNP emitió comunicado ante la grave crisis institucional de la democracia en el país
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El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se pronunció este martes ante la crisis institucional de la democracia que, a su juicio, atraviesa el país tras la suspensión del proceso de recolección de 20% de las firmas del Registro Electoral por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para activar el mecanismo constitucional de referéndum revocatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro.
En un comunicado la junta directiva del gremio aseguró que abogarán por el restablecimiento de la Ley y del respeto de los derechos humanos en el país, en especial del derecho a la Libertad de Expresión.
“El Colegio Nacional de Periodistas está obligado, según los parágrafos 5 y 6 del artículo 5 de la Ley de Ejercicio del Periodismo que le dio origen, a «salvaguardar la libertad de expresión, el derecho de información y el derecho a la información» y a «contribuir al fortalecimiento, ampliación y profundización de la democracia en Venezuela»”, reza parte del comunicado.
También denunciaron los ataques personales a periodistas durante la sesión de la Asamblea Nacional del domingo.
» Asimismo rechazamos enérgicamente la destrucción de los equipos de Globovisión y el robo de chalecos antibalas de los reporteros de Telecaribe. Más allá del daño personal o físico a los equipos, lo que se está atacando con estos actos es el derecho de la gente a la información, uno de los pilares del sistema democrático», expresaron.
Lea el texto completo:
La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas ante la grave crisis institucional que Venezuela luego del anuncio de suspensión del proceso de recolección de firmas para la activación del derecho constitucional del pueblo venezolano a revocar o a reafirmar en su cargo al presidente de la República, según lo contemplan los artículo 70 y 72 de nuestra carta magna, así como ante las subsiguientes acciones que han puesto en duda la continuidad del hilo constitucional y de la existencia de una democracia en nuestro país siente la obligación ante la Nación de abogar por el restablecimiento del imperio de la Ley y del respeto de los derechos humanos en el país, en especial del derecho a la Libertad de Expresión, que se ha visto vulnerado por las acciones violentas ejecutadas tanto por los agentes de seguridad del Estado como por grupos violentos cercanos a instancias gubernamentales.
El Colegio Nacional de Periodistas está obligado, según los parágrafos 5 y 6 del artículo 5 de la Ley de Ejercicio del Periodismo que le dio origen, a «salvaguardar la libertad de expresión, el derecho de información y el derecho a la información» y a «contribuir al fortalecimiento, ampliación y profundización de la democracia en Venezuela», y según el artículo 2 de su Código de Ética, que reza: «El periodista tiene su origen en la libertad de expresión y el derecho a la información, normas democráticas consagradas en la Constitución de la República. El periodista debe luchar por la vigencia y efectividad de tales principios», por lo que ve con profunda preocupación cómo algunos fundamentos establecidos por la Constitución de República Bolivariana de Venezuela se han puesto en entredicho por acciones como la inexplicable suspensión de las consultas electorales para los cargos de gobernadores de estado y la detención del proceso de activación del Referendo Revocatorio contra el presidente de la República a partir de sentencias de tribunales penales estadales sobre supuestos delitos electorales, cuyas averiguaciones afectan el derecho de todo un país a decidir y a ejercer sus derechos constitucionales, y cuya concepción e iniciativa fue propuesta por el propio extinto presidente Hugo Chávez, cuyos supuestos herederos son precisamente los que más se han mostrado contrarios a este legado. Asimismo, el CNP rechaza la anulación de facto que otros poderes constituidos del país han hecho de la Asamblea Nacional, integrada por los representantes del pueblo elegidos en escrutinios, al suspender o soslayar, desde el primer momento, las leyes de ella emanadas, y con actuaciones posteriores que la despojaron de sus atribuciones como la contraloría y la aprobación del presupuesto nacional, lo que pone en entredicho el respeto de la voluntad popular expresada en los comicios de diciembre del 2015 que escogió a sus diputados y el derecho del pueblo a proveerse de leyes provenientes del diálogo y la votación de sus legítimos representantes, como lo exige el funcionamiento de cualquier parlamento democrático.
Desde hace varios años, el Colegio Nacional de Periodistas ha venido denunciando las arremetidas violentas contra los medios de comunicación y, particularmente, contra nuestros agremiados, que son los vehículos que tiene la ciudadanía para formarse una opinión certera del devenir nacional. En cada ocasión, el CNP o alguna de las instituciones afiliadas a la Alianza por la Libertad de Expresión presenta una lista de agresiones, que en la mayoría de los casos quedan impunes o en un letargo procesal. A pesar de ello, no cejamos en denunciar ante la opinión pública venezolana los ataques personales a comunicadores, como los que sufrieron el domingo pasado en la sede de la Asamblea Nacional las colegas Osmary Hernández, de CNN en Español, y Andreína Flores, de Radio Caracol, atacadas por los colectivos que ingresaron al Hemiciclo donde se desarrollaba una sesión de la Asamblea Nacional, así como la productora Yamel Rincón de Telecaribe. Asimismo rechazamos enérgicamente la destrucción de los equipos de Globovisión y el robo de chalecos antibalas de los reporteros de Telecaribe. Más allá del daño personal o físico a los equipos, lo que se está atacando con estos actos es el derecho de la gente a la información, uno de los pilares del sistema democrático.
Instamos al Poder Moral a investigar y pronunciarse ante estas acciones que constituyen atentados directos a los derechos de los venezolanos y que representan indicios de que el hilo constitucional de Venezuela está en peligro, cuando no roto.
CNP
En Caracas, 24 de octubre de 2016.
